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"Compartimos el llamado de la CIDH, condenamos la violencia perpetrada y mantenemos la disposición al diálogo respetuoso y constructivo", dijo Pastor de María y Campos este sábado desde su cuenta de X (antes Twitter).
El pasado jueves, la CIDH había instado al Congreso a establecer un "diálogo constructivo" y había expresado preocupación por la violencia en el recinto.
En ese contexto, la elección interina de Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto ha desencadenado tensiones políticas en el país.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional, dominada por diputados oficialistas, tomó esta decisión el pasado miércoles, lo que provocó la oposición de otros sectores políticos.
Desde el oficialismo, acusan a "sectores oscuros" de manipular la situación para "mantener privilegios e impunidad y obstaculizar la reconstrucción del Estado de derecho".
"Durante demasiado tiempo los poderes fácticos, internos y externos, han distorsionado la esencia del Estado, impedido la apertura democrática necesaria y destruido la oportunidad de consolidar un sistema más justo para nuestro Pueblo", agregó el secretario hondureño de la Presidencia.
El oficialismo también ha criticado puntualmente al exfiscal general, Óscar Chinchilla (2013-2023), por no investigar adecuadamente las supuestas implicaciones del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) en el narcotráfico y el crimen organizado.
Hernández está a la espera de un juicio por narcotráfico en febrero de 2024, y se le acusa de proteger a narcotraficantes desde su posición de poder, según documentos presentados por la Fiscalía de Nueva York.
Incluso, dentro de las acusaciones documentadas por los fiscales estadounidenses, figura una supuesta conversación en la que el exmandatario hondureño le habría dicho al ya condenado narcotraficante Geovanny Fuentes (supuesto socio de Hernández en el narcotráfico), que "el fiscal general Óscar Chinchilla y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, protegerían a Juan Orlando y a Fuentes y los harían 'intocables'".
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Conflicto
El conflicto en el Legislativo hondureño surgió debido a la falta de consenso entre el partido izquierdista Libertad y Refundación (oficialista) y la facción de derecha compuesta por los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH) en la elección del fiscal general y fiscal general adjunto para el período constitucional 2023-2028.
El oficialismo nominó a Johel Zelaya y Marcio Cabañas, y la oposición a Marcio Cabañas y Jenny Almendares, pero ninguna de las dos fórmulas propuestas por ambos bandos alcanzó los 86 votos necesarios según la Constitución de la República.
El 31 de agosto, Óscar Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal general adjunto) concluyeron su mandato de 2018-2023, pero Sibrián asumió funciones de manera interina durante dos meses, amparándose en un fallo de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, y a la espera de que el Congreso eligiera a la nueva cúpula del Ministerio Público.
Sin embargo, la elección nunca se llevó a cabo, y la Comisión Permanente del Congreso Nacional, basándose en el numeral 11 del artículo 208 constitucional y argumentando una vacancia en la fiscalía general del Estado, nombró y juramentó a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscales generales de manera interina, a pesar de la oposición de las bancadas contrarias.
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