A la 1:30 de la madrugada del 17 de mayo de 2004, los gritos comenzaron a rebotar contra los muros del Centro Penal de San Pedro Sula.
En cuestión de minutos, una celda abarrotada se convirtió en un infierno, y el fuego avanzó más rápido que cualquier intento de escapar.
Cuando amaneció, Honduras despertó frente a una de las imágenes más estremecedoras de su historia: decenas de cuerpos calcinados y alineados en el suelo de la prisión.
El saldo final fue devastador: 102 reclusos muertos y al menos 27 heridos con quemaduras de diversa gravedad.
La mayoría de las víctimas pertenecía a la Mara Salvatrucha (MS-13).
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San Pedro Sula, una tragedia anunciada
La tragedia ocurrió en un espacio diseñado para albergar a unas 50 privados de libertad, pero aquella madrugada había 182.
El Centro Penal de San Pedro Sula tampoco escapó a la crisis general del sistema penitenciario hondureño.
Aunque su infraestructura se concibió para unos 800 privados de libertad, la población real rondaba los 2,200 reclusos.
Era una bomba de tiempo y los informes sobre hacinamiento, sobrepoblación y riesgos de seguridad llevaban años acumulándose sin que se produjeran cambios significativos.
El incendio convirtió esas advertencias en una realidad imposible de ignorar.
Los gritos que nadie olvida
Las primeras versiones oficiales apuntaron a un cortocircuito como posible origen de las llamas, pero los testimonios de sobrevivientes y familiares abrieron rápidamente otra línea de investigación.
Pablo Cardona, uno de los reclusos que logró sobrevivir, aseguró en aquel momento que los internos quedaron atrapados mientras el fuego avanzaba dentro de la celda.
Otros presos heridos relataron que pasaron largos minutos pidiendo auxilio, contaron que golpearon puertas, que gritaron e intentaron escapar.
Según sus denuncias, los custodios no les abrieron las celdas y algunos sobrevivientes afirmaron incluso que escucharon disparos cuando los internos intentaron salir.
"Querían que nos muriéramos todos adentro", declaró uno de los heridos a medios de comunicación tras la tragedia.
Las denuncias las respaldaron familiares que llegaron al presidio en busca de respuestas mientras el humo aún salía de las instalaciones.
Un centenar de muertos en cuestión de horas
La mayoría de las víctimas murió por asfixia provocada por el humo y otras sufrieron quemaduras severas.
Los bomberos evitaron que el incendio se extendiera a otras áreas del centro penal, pero para quienes permanecían encerrados dentro de la celda el tiempo se agotó.
La magnitud de la tragedia se reflejó en las imágenes que comenzaron a circular pocas horas después.
Decenas de cadáveres los colocaron en filas mientras las autoridades intentaban identificarlos.
Las sospechas que surgieron tras el incendio
Aunque los informes preliminares señalaron un accidente eléctrico, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la rapidez con que se intentó cerrar el caso sobre las causas del siniestro.
Algunas denunciaron que el incendio se vinculó a graves negligencias o incluso a acciones deliberadas.
Las críticas también alcanzaron la política de "tolerancia cero" impulsada en Honduras contra las pandillas desde 2003.
Para diversos sectores, la estrategia llenó las cárceles de jóvenes vinculados a maras sin que existieran programas de rehabilitación ni infraestructura adecuada para atender la creciente población penitenciaria.
El recuerdo de una tragedia
Mientras las familias buscaron a sus seres queridos entre listas de fallecidos y sobrevivientes, otro nombre se repitió entre la multitud: El Porvenir.
Habían pasado apenas trece meses, cuando el 5 de abril de 2003, una tragedia en la Granja Penal de El Porvenir, Atlántida, dejó 69 muertos.
En ambos casos aparecieron denuncias de responsabilidades institucionales, fallas de seguridad y omisiones que costaron vidas.
Para muchas madres que aguardaban noticias frente al penal sampedrano, el temor era el mismo, que hubiera justicia y el caso no terminara archivado.
La noche que expuso las debilidades penitenciaras
La tragedia ocurrió apenas una semana después de que las autoridades anunciaran esfuerzos para impulsar la construcción de un nuevo centro penal, reconociendo que la cárcel de San Pedro Sula quedó obsoleta.
El incendio confirmó lo que durante años se denunció: las cárceles hondureñas estaban sobrepobladas, las condiciones eran precarias y las medidas de seguridad insuficientes para enfrentar una emergencia.
Han pasado más de dos décadas desde aquella madrugada y sin embargo, el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula ocupa un lugar oscuro en la memoria colectiva del país.
No solo por los 102 muertos, tampoco por las imágenes que estremecieron a Hondurasm sino porque detrás de cada cuerpo hubo una historia que interrumpió el fuego en una celda.
Aquella noche, mientras decenas de hombres gritaban por ayuda, las llamas respondieron primero.
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