A través del programa de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos investiga operaciones sospechosas, centrándose en personas o entidades que de manera ilegal efectúan pagos a funcionarios de gobiernos extranjeros para facilitar la obtención o retención de negocios.
Y esto fue lo que ocurrió en el caso que involucra a Carl Alan Zaglin, de 68 años, propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia; Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años, exdirector Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA) en Honduras; y Aldo Néstor Marchena, de 50 años, residente de Boca Ratón, Florida.
El trabajo que realizó el fiscal federal auxiliar Eli S. Rubin para el Distrito Sur de Florida y los abogados litigantes Peter L. Cooch y Anthony Scarpelli de la Sección de Fraude de la División Penal, permitió que poco a poco se develerá cómo desde el mes de marzo de 2015 y aproximadamente hasta noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la TASA por valor de más de $10 millones,
La Sección de Fraude en Estados Unidos, es el organismo responsable de investigar y procesar los asuntos de la FCPA.
Ahora estas personas que están acusadas deberán enfrentar la justicia. El 20 de diciembre ya compareció ante el Tribunal Federal y en una entrevista realizada por el noticiero HOY MISMO a Francisco Cosenza, el 14 de diciembre de 2023, aseguró que se presentaría ante las autoridades.
El caso
La Corte del Distrito Sur de Florida solicita la extradición de Francisco Roberto Cosenza Centeno por dos delitos: conspiración para cometer lavado de activos y participación en transacciones de bienes derivados de actividades criminales.
La acusación establece que, "Cosenza y otros funcionarios del gobierno hondureño supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos".
Pero además agrega que Zaglin, Marchena y sus cómplices supuestamente utilizaron las ganancias de los contratos corruptos del gobierno hondureño para pagar sobornos a funcionarios del gobierno hondureño.
"Para promover el plan y ocultar los pagos de sobornos, Zaglin, Marchena, Cosenza y otros supuestamente lavaron las ganancias del plan corrupto a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice", señala.
En total, los conspiradores enviaron más de $166,000 a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan.
Sorprendido
En su defensa Francisco Cosenza dijo estar sorprendido por esta acusación. "Estoy completamente sorprendido porque llevaba a cabo una actividad administrativa. Recibía instrucciones del Comité de Seguridad, donde se me ordenaba realizar compras para todos los entes de seguridad, como el Ministerio de Defensa, la Policía y la Corte Suprema", dijo Cosenza, quien ocupó el cargo en el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
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