En medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre el uso del estado de excepción parcial en Honduras, una pregunta marcó una reunión del viernes 17 de octubre en el Congreso Nacional: ¿se extenderá esta medida durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre?

La Junta Directiva del Congreso se reunió con los jefes de bancada para discutir temas clave que serán abordados en una próxima sesión legislativa, entre ellos la extensión del período ordinario del 1 de noviembre al 20 de enero de 2026.

A esta reunión asistió la cúpula de la Policía Nacional. Según el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, el objetivo de la visita fue solicitar a los diputados el respaldo para aprobar la prórroga del estado de excepción.

Segura relató que durante la reunión, la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, cuestionó directamente a las autoridades policiales:"Si no temían que la aplicación del estado de excepción sin ser aprobado por el Congreso, como ha sido últimamente, podría traerles consecuencias".

Sin embargo, según el diputado liberal, los mandos policiales no respondieron a esa inquietud.

"No hubo respuesta a esa pregunta", dijo Segura en el noticiero TN5 Matutino de Canal 5.

A pesar del silencio, el congresista cree que las autoridades seguirán aplicando la medida "aún sin que el Congreso se las apruebe".

Partido Liberal no apoyará prórrogas del estado de excepción

La bancada del Partido Liberal ya ha decidido no apoyar más prórrogas, argumentando que la medida ha sido utilizada de forma coercitiva y con múltiples señalamientos por violaciones a los derechos humanos.

"Pensamos que ya es necesario un plan de seguridad integral que no solo contemple esta medida coercitiva. Hemos recibido quejas por violaciones a los derechos humanos durante su aplicación", añadió Segura.

El diputado también expresó su preocupación sobre la neutralidad institucional en el proceso electoral, asegurando que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas obedecen órdenes del Ejecutivo.

"Eso podría poner en precario cualquier situación que se diera 40 días antes de las elecciones, con un estado de excepción que podría aplicarse a los partidos políticos y entorpecer la labor que tendremos el 30 de noviembre".

Partido Nacional también rechaza los estados de excepción

Por su parte, la diputada Johana Bermúdez coincidió en rechazar la continuidad de esta política de seguridad. Afirmó que ha sido un fracaso y que el Partido Nacional no respaldará su extensión, mucho menos en plena campaña electoral.

"Reiteramos que no vamos a respaldar el estado de excepción, menos en un mes electoral donde necesitamos que todo el mundo tenga garantizados sus derechos constitucionales", declaró.

Además, Bermúdez criticó la falta de argumentos sólidos por parte de la Policía para justificar la continuidad de la medida.

"Las autoridades llegaron con el objetivo de persuadirnos, pero desafortunadamente no lograron documentarnos ni presentarnos argumentos válidos para continuar con el estado de excepción", dijo.

En contraste, el diputado oficialista Oved López, del partido Libertad y Refundación (Libre), no se refirió directamente al tema, pero aseguró que sectores de oposición están politizando incluso los temas de seguridad.

Vigencia del estado de excepción

El estado de excepción está vigente en Honduras desde diciembre de 2022. Fue instaurado para combatir delitos como la extorsión, el asesinato y el tráfico de drogas. Desde entonces, ha sido prorrogado cada 45 días, la última vez del 29 de septiembre al 12 de noviembre.

Diversos sectores, entre ellos la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), han cuestionado la legalidad de las extensiones sin la aprobación expresa del Congreso Nacional, como exige la Constitución. La mayoría de las ampliaciones han sido anunciadas únicamente por la Policía Nacional.

Mientras tanto, las autoridades aseguran que el estado de excepción sí ha dado resultados:

  • Más de 5,000 personas han sido capturadas por extorsión.
  • Se han realizado más de 79,000 detenciones por otros delitos.
  • Se han ejecutado 22,000 órdenes de captura
  • 37 detenidos con fines de extradición
  • Y más de 63,000 allanamientos

El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha defendido la medida, calificándola como una "herramienta jurídica extraordinaria" que permite intervenir con mayor efectividad contra estructuras criminales.