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Los diputados que votaron a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en el 2013 podrían enfrentar hasta 20 años en prisión, luego que fueran declaradas inconstitucionales por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras.
El artículo 555 del Código Penal de Honduras, que aborda "Delitos contra la Nación", podría ser aplicado a los parlamentarios que aprobaron la ley orgánica de las ZEDE, así como a aquellos que ratificaron su continuidad en 2017.
"El hondureño que ejecuta actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la república, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria, deben ser castigados con las penas de prisión de quince (15) a veinte (20) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión", establece el artículo 555 del Código Penal.
Al respecto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a través de X, instó al Ministerio Público a "perseguir, enjuiciar y obtener condenas por estos graves delitos imprescriptibles que han cometido estos criminales apátridas".
Redondo destacó que los delitos contra la nación no prescriben, lo que implica que los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Por lo anterior, los diputados que aprobaron la ley orgánica de las ZEDE hace 11 años en el Congreso Nacional de Honduras corren riesgo de ser juzgados.
La posibilidad de enjuiciamiento a los diputados abriría un nuevo capítulo en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas en el país.
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