El rostro de Henry, menor hondureño de 17 años, permanece en el anonimato. Pero su historia, la de un adolescente migrante entregado con grilletes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el propio Departamento de Niños y Familias (DCF) de Florida, provocó una tormenta política en el estado.
La noticia se conoció por el Miami Herald y rápidamente escaló. Al joven lo retiraron de su hogar de acogida en Pensacola por funcionarios del DCF.
Lo llevaron esposado y lo trasladaron directamente a la custodia de ICE. La imagen, aunque no la captó ninguna cámara, encendió una discusión que combina legalidad, moral y derechos humanos.
Los demócratas exigen respuestas
"Es moralmente reprobable intentar cumplir con cuotas de deportación atacando a niños vulnerables bajo la protección de Florida", sentenció Fentrice Driskell, líder demócrata de la Cámara de Representantes estatal.
Junto a otros 19 legisladores, firmó una carta en la que le exigen explicaciones formales al DCF.
En el documento dirigido a la agencia estatal, los demócratas acusaron al departamento de violar una ley vigente desde hace más de 30 años, que prohíbe a sus trabajadores actuar basándose en el estatus migratorio de los menores.
"Lo que se hizo con Henry no solo es traumático, también socava la confianza entre el DCF y nuestras comunidades inmigrantes", afirmaron los legisladores.
Y agregan: "¿Cuántos más como él? ¿Qué garantías hay de que esto no se repita?"

El DCF intenta justificar su actuar
Ante la presión mediática, el DCF emitió un comunicado en el que reconoció que Henry estuvo bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), de la que se fugó.
Según el organismo, su deber era colaborar para que el menor regresara a la “custodia legal correspondiente”.
Pero esa explicación no convenció a los legisladores. Para ellos, el DCF no cumplió su verdadera función: proteger, no criminalizar.
“Los niños bajo su cuidado no deben ser tratados como delincuentes ni como cuotas migratorias”, recalcó Driskell.
¿Un caso aislado o el inicio de una política?
La indignación no solo parte del caso de Henry. Lo que está en juego, advierten los críticos, es el riesgo de una nueva tendencia: el uso del sistema de protección infantil para canalizar deportaciones de menores migrantes.
“Necesitamos saber si hubo más niños antes de Henry y si tienen la intención de repetirlo”, advirtió Driskell.
La representante también lanzó una advertencia pública: “Florida es mejor que esto, aunque nuestro gobierno no lo sea ahora mismo”.
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Un caso que marcará precedentes
Henry no es solo un nombre en un expediente. Es el símbolo de una batalla más amplia entre políticas migratorias agresivas y los derechos de los menores migrantes.
En medio, queda un niño que, en lugar de cuidado, encontró esposas. Un menor que huyó en búsqueda de protección y lo devolvieron al miedo.
Ahora, mientras ICE revisa el caso del menor hondureño y los legisladores demandan acciones.
Ahora, queda una pregunta abierta que persiste en los pasillos del Capitolio estatal: ¿quién cuida a los niños cuando quienes deben protegerlos les dan la espalda?
