La violencia doméstica deja de ser un problema invisible para cientos de hombres en Honduras.
Solo en lo que va de 2026, 793 decidieron acudir ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para denunciar agresiones ocurridas dentro de sus propios hogares.
Esa es una cifra que rompe estereotipos y confirma que este fenómeno no distingue género.
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Violencia doméstica: una realidad que también alcanza a los hombres
Las estadísticas de la DPI muestran que 435 denuncias corresponden al delito de maltrato familiar, 101 a maltrato familiar agravado y 257 a violencia doméstica.
En conjunto, los registros reflejan que cientos de hombres recurrieron a las autoridades para buscar protección e iniciar procesos judiciales contra quienes presuntamente los agredieron.
Aunque históricamente las campañas de prevención se enfocan en la violencia contra las mujeres, las autoridades sostienen que el acceso a la justicia debe garantizarse para cualquier víctima, sin importar su sexo.
Casos terminan en capturas
Como parte de las investigaciones desarrolladas durante este año, la DPI reportó la captura de 65 mujeres señaladas por delitos relacionados con agresiones dentro del entorno familiar.
Del total, a 63 las detuvieron por maltrato familiar y dos por violencia doméstica, según los registros policiales.
Las autoridades aclaran que estas capturas responden a denuncias e investigaciones específicas.
Por lo tanto, no modifican el hecho de que la violencia intrafamiliar afecta de manera desproporcionada a las mujeres en el país, aunque también existan hombres que son víctimas de estas conductas.
Denunciar puede evitar consecuencias mayores
La DPI advirtió que la violencia doméstica suele escalar cuando las agresiones permanecen ocultas, aumentando el riesgo de lesiones graves e incluso de hechos fatales.
Por esa razón, insisten en que denunciar a tiempo permite activar medidas de protección.
Además permite iniciar investigaciones y reducir la posibilidad de nuevos episodios de violencia dentro del hogar.
El mensaje de las autoridades es que cualquier persona que sea víctima de agresiones familiares tiene derecho a recibir atención y acceso a la justicia, independientemente de su género.
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