Honduras registró 437 conflictos sociales durante el primer semestre de 2026, un promedio de al menos dos protestas diarias, la mayoría relacionadas con demandas insatisfechas en sectores como educación, trabajo, salud y servicios públicos.
Según la Infografía de Conflictividad Social, entre enero-junio de 2026, elaborada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH), las acciones colectivas tuvieron lugar en los 18 departamentos del país.
Esto refleja la persistencia y complejidad de las demandas sociales no resueltas en el país, alertó el Iudpas.
Informe de IUDPAS: conflictos que afectan a Honduras
El informe señala que el 78,7 % de las movilizaciones se desarrollaron a nivel local, el sector educativo concentró cerca de un tercio de las acciones registradas, el 36,2 % de las demandas fueron impulsadas por trabajadores y los conflictos socioterritoriales representaron el 13,5 % del total.
Durante el período analizado ocurrieron, en promedio, al menos dos protestas cada día. El momento de mayor conflictividad se registró el pasado 2 de junio con 34 protestas en distintos puntos del país.
Las demandas estuvieron vinculadas principalmente a los siguientes temas:
- Defensa del empleo.
- Las condiciones laborales.
- Mejoras en la educación.
- Acceso a servicios públicos e infraestructura.
- Defensa de la producción y del territorio.
¿Quiénes protestan en Honduras?
Según el IUDPAS, los trabajadores fueron el principal actor involucrado en las acciones colectivas, con 158 registros, equivalentes al 36,2 % del total, seguidos por madres y padres de familia, estudiantes, pobladores, transportistas y organizaciones vinculadas con la defensa ambiental y territorial.
El documento indica además que 50 de las 437 protestas estuvieron relacionadas con el incumplimiento de acuerdos asumidos por el Estado, principalmente en los sectores de educación y salud.
Respecto a la respuesta institucional, el IUDPAS detalló que el 88,6 % de las demandas no recibió gestión por parte de las autoridades, mientras que solo el 11,4 % obtuvo algún tipo de atención estatal.
Esta situación contribuye a la repetición de medidas de presión como bloqueos de carreteras y ocupaciones de instituciones públicas para exigir soluciones, según el organismo.
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