Cada mañana, millones de hondureños se sientan a la mesa sin pensar en el origen de los alimentos que consumen. El maíz de las tortillas, el frijol del desayuno o el arroz del almuerzo nacen en pequeñas parcelas trabajadas por hombres y mujeres que sostienen, casi en silencio, la seguridad alimentaria del país.
Sin embargo, detrás de esa rutina cotidiana se esconde una realidad preocupante: Honduras depende profundamente del campo para alimentarse.
Pero ese campo, se mantiene en condiciones frágiles, con poco respaldo institucional y con altos niveles de precariedad.
Los primeros resultados del Censo Agropecuario Nacional revelan que más de 408 mil productores trabajan la tierra en todo el país.
Están distribuidos en más de 412 mil explotaciones agrícolas. Son ellos quienes garantizan que los alimentos lleguen a los mercados, pulperías y hogares. Pero lo hacen casi sin apoyo.
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Seguridad alimentaria: el maíz como columna vertebral
El estudio confirma que el principal grano básico del país sigue siendo el maíz, con una producción superior a las 761 mil toneladas métricas.
Más del 84 por ciento se destina al consumo en grano, lo que lo convierte en la base directa de la dieta hondureña.
Junto al frijol, el arroz y el sorgo, el maíz forma el corazón de la seguridad alimentaria. Cualquier alteración en su producción: sequías, plagas, encarecimiento de insumos o abandono de parcelas, tiene impacto inmediato en los precios y en el acceso a los alimentos.
Esta dependencia deja al país vulnerable frente al cambio climático y a la inestabilidad económica. Cuando el campo falla, falla toda la cadena alimentaria.
Productores sin respaldo financiero ni técnico
Uno de los datos más alarmantes del censo es el acceso limitado a recursos para producir.
El 95.2 por ciento de los agricultores no utiliza ningún tipo de crédito agrícola, mientras que el 88.4 por ciento no recibe asistencia técnica.
Esto significa que la mayoría cultiva sin financiamiento, sin acompañamiento profesional y sin herramientas modernas para enfrentar enfermedades, sequías o cambios en el mercado.
Además, más del 53 por ciento no cuenta con maquinaria agrícola propia, lo que limita su capacidad productiva y los obliga a depender de métodos tradicionales, muchas veces menos eficientes.
En la práctica, miles de campesinos producen con esfuerzo propio, endeudándose informalmente o recurriendo a prestamistas, sin una política pública sólida que los respalde.

Trabajo inestable y pobreza rural persistente
El censo también deja al descubierto la precariedad laboral en el campo. De los más de 879 mil empleos generados por el sector agropecuario, el 97.5 por ciento son temporales. Solo el 2.5 por ciento corresponde a puestos permanentes.
Esta inestabilidad impide que las familias rurales construyan proyectos de vida sostenibles.
Sin ingresos fijos, sin seguridad social y sin protección laboral, muchos jóvenes optan por migrar hacia las ciudades o al extranjero.
La pobreza rural sigue siendo uno de los principales motores de la migración forzada y del abandono del campo. Cada parcela que se deja sin cultivar representa un riesgo más para la seguridad alimentaria nacional.
Cambio climático y vulnerabilidad alimentaria
A esta fragilidad estructural se suma el impacto del cambio climático. Sequías prolongadas, lluvias irregulares y fenómenos extremos afectan cada año las cosechas, especialmente en regiones como El Paraíso, Lempira, Choluteca y Francisco Morazán.
Sin sistemas de riego suficientes, sin seguros agrícolas y sin planificación estatal, los productores quedan expuestos a pérdidas totales.
Cuando una cosecha se pierde, no solo pierde el agricultor. Pierde el consumidor, que enfrenta precios más altos, y pierde el país, que debe recurrir a importaciones para cubrir el déficit.
Respaldar al campo no es un gesto simbólico ni un discurso de campaña. Es una necesidad estratégica.
Honduras puede seguir dependiendo del sacrificio silencioso de su gente rural, o puede apostar por un modelo que dignifique al productor y garantice comida para las próximas generaciones.
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