Un juez natural declaró el lunes no ha lugar la petición de elevar a juicio oral y público la causa instruida contra la diputada Sara Medina Galo, imputada en el caso de corrupción "Pacto de Impunidad", presentado por el Ministerio Público y la desparecida Maccih.
El juez ordenó el archivo de las diligencias a favor de la legisladora, quien fue acusada por el Ministerio Público por el delito de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.
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"Luego del análisis jurídico realizado por el juez natural designado, decreta la concurrencia del principio de prejudicialidad en vista que la causa criminal no puede proseguirse por corresponder al pleno del Congreso Nacional como órgano competente que debe valorar el caso concreto y las consecuencias de la infracción cometida por la ciudadana Sara Medina", informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Según explicó Duarte, el Congreso debe dar cumplimiento al artículo 10-A que se adicionó a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Dicho artículo fue incluido en la reforma a la Ley en octubre de 2019 referente al fuero legislativo.
El fuero indica que "la función Legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad Penal, Civil y Administrativa a los Diputados y Diputadas que participen en dicho proceso parlamentario, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 205 numeral 3 de la Constitución de la República, siendo el Pleno del Congreso Nacional el Órgano Competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción".
En ese sentido, el caso contra la congresista Sara Medina será archivado por considerar que de acuerdo a las reformas realizadas al reglamento del Congreso mediante decreto 117-2019 es este el que debe determinar previamente su responsabilidad.
Anteriormente habían sido sobreseídos definitivamente los diputados Antonio Rivera Callejas y Tomás Zambrano. "Con esto, queda prácticamente impune otro acto de corrupción mas, originado desde el Congreso Nacional", indicó la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
El pacto de impunidad ha impedido investigar el caso “Red de diputados”, agregó también la Uferco.
Caso Pacto de impunidad
El caso fue dado a conocer en noviembre de 2018 por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), por supuestas conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso Nacional, y favorecer a diputados procesados por mal manejo de fondos públicos.
El mismo derivó del caso "Red de diputados" cuando en diciembre de 2017 la Ufecic presentó requerimiento fiscal contra cinco exdiputados que supuestamente se apropiaron de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.
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Pero cuando se celebraba la audiencia inicial contra los excongresistas, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Según la Ufecic y la Maccih este cambio incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados generando la imposibilidad de iniciar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos.
