Diversos sectores cuestionan que la mayoría de los imputados en el caso de corrupción "Pandora" hayan quedado en libertad y señalan que es el reflejo de la complicidad del Poder Judicial con la élite política hondureña.

El caso Pandora fue presentado por la desaparecida Maccih y la Ufecic, y refería el desvío en más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Secretaría de Finanzas para financiar campañas políticas en 2013. El caso involucró a 38 personas entre diputados, exdiputados, funcionarios y exfuncionarios públicos.

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Solo dos personas permanece en prisión preventiva por Pandora, uno de ellos el exsecretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado.

"Hay una complicidad manifiesta por parte del Poder Judicial cuando, a pesar de las evidencias han absuelto a la mayoría de responsables del desvío de esos millonarios fondos y lastimosamente la sociedad queda tocada y sin reparación", expresó Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos.

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De su lado, el analista político Edmundo Orellana interpreta que para el Poder Judicial "no es delito" sustraer fondos públicos para financiar campañas políticas, pero "si es delito sustraer dinero para otros fines de los previstos y por eso están presas las personas que están, pero no quienes utilizaron el dinero" de la SAG para las elecciones.

El exasesor de la Maccih, Rigoberto Portillo, indicó que al quedar casi todos los imputados de Pandora en libertad, quizá las imputaciones del Ministerio Público no fueron suficientes para que los tribunales de alzada mantuvieran abiertos los procesos contra los involucrados.

Caso Pandora

Son 38 funcionarios, exfuncionarios, diputados, exdiputados y otras personas naturales que fueron imputados en el caso Pandora, presentado por la Ufecic (ahora Uferco) y la desaparecida Maccih, por delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a 282 millones de lempiras.

El caso Pandora refiere al desvío de recursos de la SAG y Secretaría de Finanzas para proyectos agropecuarios, agroindustriales, hortícolas a favor de madres jóvenes y, para fortalecer políticas agroalimentarias en varios departamentos del país.

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No obstante que esos recursos que supuestamente iban a ser manejados por las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y Partido Liberal (PL), para financiar campañas electorales de 2013 y otros gastos personales.

Parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones 030 mil lempiras, señaló la Fiscalía del Estado.

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