La designada presidencial Doris Gutiérrez consideró que el gobierno de Honduras debe mantener el Tratado de Extradición con Estados Unidos, argumentando que la institucionalidad en el país "no funciona".
Gutiérrez explicó que, como miembro del Partido Innovación y Unidad (PINU), han solicitado a las autoridades reflexionar sobre la denuncia del convenio que permite la entrega de hondureños a Estados Unidos, principalmente aquellos señalados de narcotráfico.
"Hemos pedido que se reflexione porque, de una u otra manera, la institucionalidad no funciona mucho. Eso lo sabemos porque los funcionarios son nombrados por los mismos políticos, y más que defender los intereses del pueblo, protegen intereses partidarios", declaró en el noticiero Diario Matutino de radio HRN.
En un tono coloquial, Gutiérrez afirmó que "hasta la loca del pueblo" sabe que los funcionarios hondureños son designados por criterios políticos y no por méritos o principios éticos. Según la designada, estos nombramientos buscan "defenderlos de actos incorrectos".
Denuncia del Tratado de Extradición
En agosto pasado, el Gobierno de Honduras notificó a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa su decisión de dar "por terminado" el Tratado de Extradición entre ambos países.
La comunicación llegó tras la orden de la presidenta Xiomara Castro al canciller Eduardo Enrique Reina de "denunciar" ese convenio.
Esta medida se tomó luego de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara preocupación por la reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, lo que para el gobierno es un acto de intromisión.
Diversos sectores en Honduras han rechazado esta decisión, argumentando que el sistema de justicia del país no tiene la capacidad para procesar y juzgar a personas vinculadas al tráfico de drogas.
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público han calificado la extradición como una herramienta clave para combatir el narcotráfico, aunque reconocen que la decisión final corresponde al Poder Ejecutivo.
"Somos del criterio de que el tratado de extradición es una herramienta importante", declaró recientemente el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Marcio Cabañas.
El tratado vigente establece que las extradiciones continuarán hasta febrero de 2025, ya que cualquier país que desee terminar el acuerdo debe notificarlo con seis meses de anticipación.
El analista hondureño Kenneth Madrid es del criterio que este tratado continuará, salvo con algunas modificaciones que puede pedir el gobierno hondureño a Donald Trump, después que asuma la presidencia en enero próximo.
"La extradición tiene que regresar porque Honduras no debe de ser campo fértil para narcotraficantes ni para el crimen organizado", dijo Madrid en Noticieros Hoy Mismo de TSi.
Extradiciones en cifras
Desde 2014, más de 50 hondureños han sido extraditados, en su mayoría a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico y crimen organizado.
Entre los extraditados destacan el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado este años a 45 años de prisión, y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, sentenciado a 19 años de cárcel.
