Doña Lidia tiene 76 años y vive sola en una pequeña casa de adobe en el sur de Honduras. Como muchas personas mayores, desde que su hija emigró, sobrevive con una pensión mínima que apenas le alcanza para medicamentos.
No tiene quién la bañe, le cocine o le limpie. Como ella, más de un tercio de las personas adultas mayores y con discapacidad en el país no cuenta con acceso a servicios de cuidado.
El dato, revelado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expone una herida que hasta ahora permanece fuera del foco de las políticas públicas.
Y no se trata de un asunto menor: la falta de cuidado incrementa los riesgos de pobreza extrema, deterioro físico, violencia y aislamiento.
Los cuidados no son un favor, son un derecho
En Honduras, los cuidados se consideran responsabilidad exclusiva de las familias y, por lo general, de las mujeres.
Sin embargo, el envejecimiento de la población y el aumento de personas con discapacidad exigen otro modelo: uno que reconozca el cuidado como un derecho y como parte del desarrollo social.
El PNUD comenzó a trabajar con instituciones hondureñas para visibilizar esta urgencia.
Desde diagnósticos hasta propuestas concretas, la organización impulsa un sistema de cuidados centrado en la dignidad humana, con enfoque de género y justicia social.
¿Cómo enfrentar el desafío?
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) comenzó a dar los primeros pasos para enfrentar el desafío.
En colaboración con el PNUD, impulsa una propuesta de política pública que reconozca el cuidado como un pilar del desarrollo social.
La iniciativa contempla identificar los territorios más vulnerables, diseñar programas de atención domiciliaria, formación de cuidadores comunitarios y la inversión en centros de día para personas mayores.
Todo esto con una visión interseccional que priorice a mujeres, indígenas y personas en situación de pobreza.
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Cuidar también es invertir en el futuro
Invertir en servicios de cuidado no es solo un acto de humanidad: también tiene sentido económico.
Estudios demuestran que un sistema de cuidados bien implementado puede generar empleos, reducir desigualdades y dinamizar las economías locales.
Por ahora, el reto más urgente es sacar del abandono a quienes históricamente son invisibles.
Porque si el cuidado no es público, termina siendo un privilegio. Y hoy, en Honduras, uno de cada tres simplemente no lo tiene.
