En Honduras, la violencia es un monstruo que devora vidas y deja cicatrices imborrables en los cuerpos y en la memoria de sus víctimas. Mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ son blanco de una violencia que no cesa, y que cada año se recrudece en los territorios más peligrosos del país.
Las cifras que recopiló el Subcluster de Violencia Basada en Género (VBG) en Honduras muestran que entre 2022 y 2023, los femicidios aumentaron en un 30%.
En el 2024, hasta octubre, se registraron 203 asesinatos de mujeres, una estadística que golpea. A esto se suma el asesinato de 66 personas LGBTIQ+ entre 2023 y mayo de 2024, reflejando una crisis de derechos humanos que, lejos de ser contenida, se expande como una sombra sobre las poblaciones más vulnerables.
Auge de la violencia sexual y la trata de personas
No solo los asesinatos están en ascenso, sino también la violencia sexual, que se ha disparado en varias regiones del país.
En junio de 2024, departamentos como Copán, Intibucá, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira y Yoro reportaron un incremento de entre 50% y 70% en comparación con el año anterior.
Este aumento evidencia que las mujeres y niñas siguen sin protección efectiva frente a los abusos.
Por otro lado, la trata de personas se convierte en una epidemia en regiones como Isla de la Bahía, Choluteca, Copán y El Paraíso.
Niñas, adolescentes y mujeres son arrancadas de sus comunidades, captadas con promesas falsas o directamente secuestradas para ser sometidas a explotación sexual o trabajo forzado.
Las comunidades garífunas y lencas, en Atlántida, Cortés, Intibucá y Lempira, también enfrentan prácticas arraigadas como los matrimonios y uniones tempranas, perpetuando ciclos de abuso y desigualdad.
Migrar para sobrevivir, pero sin protección
Para muchas mujeres y niñas, migrar se convirtió en la única opción para escapar de la violencia. Pero el camino al norte está plagado de peligros.
Según el Monitoreo de Movimientos Mixtos de Honduras, casi la mitad de las personas migrantes en tránsito requieren protección urgente.
Muchas de ellas han sido víctimas de violencia sexual, física y psicológica, y se enfrentan a un escenario de desamparo total, sin acceso a alimentos, atención médica ni medicinas.
En este contexto, la respuesta humanitaria ha sido mínima. El Subcluster de VBG y sus organizaciones aliadas lograron atender a 20,429 personas con servicios especializados de apoyo y prevención.
Sin embargo, los recursos son insuficientes. En 2024, solo se recibió el 8% del financiamiento necesario para abordar la crisis, dejando a miles de víctimas sin protección real, señala el Subcluster.
La impunidad como norma
Los agresores siguen operando con libertad mientras las instituciones estatales muestran una indiferencia alarmante.
La impunidad y la falta de acciones contundentes permiten que la violencia siga cobrando vidas sin que haya consecuencias.
La crisis alimentaria en el corredor seco empeoró la situación, exacerbando la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y los embarazos tempranos en adolescentes que ven truncadas sus oportunidades educativas y de desarrollo.
Colapso humanitario
Las cifras y testimonios recogidos por el Subcluster de VBG en Honduras revelan que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino una emergencia humanitaria.
La combinación de la crisis económica, la precariedad estatal y la falta de acceso a la justicia ha dejado a miles de personas en una situación de riesgo extremo.
Indyra Mendoza, de la organización Catrachas, advierte que estadísticamente los años electorales son más violentos y teme que esas estadísticas aumenten en el actual contexto.
"Los años electorales han sido más violentos en violencia letal y no letal. En el caso del 2024, presentó una disminución en relación al 2023, que fue el más violento registrado desde 1994 en el observatorio de muertes violentas y género de Catrachas", señala.
Mendoza dice que a este escenario hay que sumar el retorno de migrantes donde existen personas LGBTI que salieron por violencia.
"Y si a esto le sumamos al retorno de migrantes machistas y patriarcales, sin una política con perspectiva de género, todo impactará", lamenta.
El llamado de las organizaciones es claro: se necesita una respuesta inmediata y efectiva.
Sin recursos, sin políticas públicas contundentes y sin voluntad política, la violencia en Honduras seguirá arrebatando vidas.
Mientras tanto, mujeres, niñas y comunidades LGBTIQ+ seguirán viviendo en un país donde el miedo es la norma y la justicia, una utopía inalcanzable.
