El informe del Departamento de Estado es claro: la débil capacidad institucional de Honduras para comprender e investigar delitos financieros complejos abre la puerta a una amenaza que trasciende fronteras. El lavado de dinero no solo se alimenta del narcotráfico, también de la corrupción pública, la trata de personas y la extorsión.

En este escenario, los criminales encuentran un terreno fértil. El dinero ilícito circula por el sistema financiero y por empresas fachada.

Lavado de dinero con leyes sin dientes

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) encabeza los esfuerzos del país con la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

Sin embargo, la supervisión es insuficiente. Aunque se reciben más reportes de actividades sospechosas, el seguimiento sigue siendo débil, señala el informe, en especial sobre las empresas no financieras.

Las reformas legales tampoco ofrecen estabilidad. Entre 2021 y 2023, la derogación temporal del delito de enriquecimiento injustificado permitió que múltiples casos se desestimaran.

"La falta de continuidad legislativa dejó heridas abiertas en la lucha contra el lavado de dinero", dice el informe.

Corrupción y fronteras abiertas en Honduras

La corrupción, enquistada tanto en el sector público como en el privado, son una vía segura para lavar capitales.

Además, aunque se pensó que facilitaría la libre movilidad, el Acuerdo de las Cuatro Fronteras entre Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua terminó siendo un canal perfecto para el contrabando de migrantes y efectivo.

La combinación de corrupción y fronteras porosas refuerza la condición de Honduras como eslabón débil en la región.

Los riesgos ante la falta de control institucional

La fragilidad institucional también se refleja en la gestión de las finanzas del Estado. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, las reservas internacionales del Banco Central de Honduras (BCH) cayeron en más de 620 millones de dólares.

Este fue un movimiento riesgoso, señala el informe, que expone la falta de controles de la CNBS sobre el uso de fondos públicos.

A ello se suma la ausencia de regulaciones para activos virtuales, que hoy representan una ruta creciente para el lavado de dinero en el ámbito digital.

Sin herramientas legales para rastrear criptomonedas, Honduras enfrenta un desafío que ya explotan las redes criminales.

La CICIH y la promesa incumplida

La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) sigue sin concretarse.

Mientras tanto, la ley de amnistía de 2022, que benefició a exfuncionarios condenados por corrupción, sigue vigente y es vista como un muro que impide el arribo de una verdadera comisión internacional.

El mensaje hacia la ciudadanía y la comunidad internacional es doble: se anuncian cambios, pero las estructuras de impunidad se mantienen intactas.

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Un futuro en entredicho para Honduras

Pese a acuerdos recientes con Estados Unidos para recuperar fondos de corrupción, y a la creación de unidades de inteligencia patrimonial, Honduras sigue atrapado en un círculo vicioso: las leyes existen pero no se aplican; fiscales y jueces carecen de la formación adecuada, y el Estado sigue permeado por el crimen organizado.

El informe no deja lugar a dudas: mientras Honduras no fortalezca sus instituciones, seguirá siendo el eslabón débil en la guerra contra el lavado de dinero.

El país cargará con el costo de la impunidad y la pérdida de confianza de sus propios ciudadanos.