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En la reciente emisión del programa Frente a Frente, el debate central se enfocó en la crisis del sector energético en Honduras y la polémica decisión de reducir el plazo para pagar la factura eléctrica de 28 a 15 días.
Los panelistas discutieron si esta medida realmente busca ordenar las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) o si simplemente traslada la crisis financiera de la estatal a los bolsillos de los hondureños en un momento de alta presión económica.
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Durante el foro, se reveló que la empresa pierde aproximadamente 40 millones de lempiras al día debido a ineficiencias, hurto y una mora acumulada que se agravó tras medidas políticas adoptadas en administraciones anteriores.
Los invitados de este día fueron el gerente general interino de la ENEE y secretario de Energía, Eduardo Oviedo; el gerente de distribución de la ENEE, Rolando Castillo; el gerente nacional de despacho de la estatal, José René Barrientos; la especialista y consultora del sector energético, María Eugenia Covelo; el presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (Stenee), Miguel Aguilar; y, vía Zoom, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales.
Posturas sobre la eficiencia empresarial frente a la política social
El comisionado Héctor Corrales defendió con firmeza la reducción del plazo de pago, argumentando que la medida de 28 días, aprobada a inicios de noviembre de 2025, fue una decisión "demagógica" que abrió un agujero financiero en la estatal.
Corrales enfatizó que la ENEE debe dejar de ser vista como un ente político y empezar a operar bajo un régimen mercantil estricto.
"Las decisiones que se toman en la empresa tienen que ser empresariales no políticas ( ... ) La politización de la empresa es algo que ha llevado a ver a los hondureños y a la clase política históricamente desde el inicio del ENEE como una institución y no como una empresa", dijo.
Por su parte, el secretario de Energía Eduardo Oviedo respaldó esta visión técnica, señalando que la situación de la estatal es de "alarma roja" y que el Estado ya no puede seguir rescatando a la empresa a costa de fondos destinados a salud o educación.
Oviedo explicó que el diagnóstico realizado en sus tres meses de gestión obligó a tomar "decisiones duras", incluyendo la focalización de subsidios que antes se daban de manera indiscriminada a más de un millón de abonados.
El impacto técnico de la recaudación y la crítica sindical
El contraste técnico lo aportó Rolando Castillo, quien detalló que la política de 28 días provocó un desfase en el flujo de ingresos de 210 millones de lempiras mensuales, ya que los clientes retrasaron sus pagos sistemáticamente.
Castillo defendió que 15 días son suficientes dado que el cliente ya ha recibido 30 días de crédito por el servicio consumido antes de que llegue la factura.
Desde la perspectiva de los trabajadores, Miguel Aguilar sorprendió al coincidir en que la medida de extender el plazo a 28 días fue un error operativo que "distorsionó totalmente el esquema de cortes y reconexiones".
No obstante, advirtió que el problema de la ENEE es estructural y que la estatal no puede castigar solo al usuario que paga mientras las pérdidas en circuitos críticos de zonas como La Lima alcanzan un inaceptable 66%.
Sobre el impacto de la medida en la operatividad, Miguel Aguilar manifestó que "esa medida política afecta la institución y afecta la operación del ENEE ( ... ) se cae la facturación al igual también que la energía no recuperable se fue arriba ( ... ) circuitos como el 284 de La Lima tienen 66% de pérdida, es inaceptable ( ... ) eso es insostenible".
Finalmente, José René Barrientos y María Eugenia Covelo hicieron un llamado a la población para aplicar un "uso racional" de la energía en las próximas dos semanas, calificadas como las más críticas del año debido a que la demanda máxima histórica ha alcanzado los 2,133 MW, dejando al sistema a las puertas de un déficit de suministro.