Las autoridades de Honduras extraditaron este martes a Francis Omar Herrera Arita, un joven hondureño requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La Corte del Distrito Este de Texas lo acusa de conspirar para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla de sustancias que contienen cocaína, informó la Policía Nacional de Honduras.
Herrera Arita se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Nacional, ubicado en la aldea de Támara, a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
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Allí, agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) lo recibieron para trasladarlo en un vehículo táctico blindado hasta la base aérea Enrique Soto Cano, en Comayagua.
Desde ese punto, autoridades estadounidenses lo recibieron para su extradición por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Captura de Herrera Arita
Equipos especializados de la Policía Nacional capturaron al presunto narcotraficante el pasado 22 de enero durante un operativo en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán, en el occidente del país.
Un mes después un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó su extradición.
Con esta entrega, Herrera Arita se convierte en el quinto hondureño extraditado a Estados Unidos en lo que va de 2025 por delitos de tráfico de drogas, según declaró el portavoz de la DNFE, Javier Martínez.
Extradición de hondureños
Desde 2014, Honduras ha extraditado a más de 50 ciudadanos solicitados por Estados Unidos, incluidos políticos y altos mandos de la Policía Nacional.
En 2022, las autoridades entregaron al expresidente Juan Orlando Hernández y al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos 'El Tigre' Bonilla.
Hernández recibió una condena de 45 años de prisión, mientras que Bonilla fue sentenciado a 19 años, ambos en 2024 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Las extradiciones continuarán hasta enero de 2026, luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro suspendiera la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, presentada en agosto de 2024, tras alegar injerencias por parte de las autoridades estadounidenses.
Según el canciller Eduardo Enrique Reina, corresponderá al próximo gobierno hondureño decidir si mantiene o no estos procesos.
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