En la guerra contra el narco y el crimen organizado, Honduras encontró una espada poderosa: la privación de dominio.
Más que encarcelar a los delincuentes, esta herramienta legal arrebata el corazón financiero de sus operaciones, desmantelando imperios criminales que alguna vez parecieron intocables.
Esta estrategia, implementada en el país desde 2010, deja lecciones dolorosas y resultados palpables.
“Con la ley de privación destruimos ese poder económico que tiene el crimen organizado”, explica un funcionario experto en el tema, señalando casos emblemáticos como el de “El Negro Lobo”.
Este narcotraficante pasó de ser un poderoso dueño de barcos a un hombre solitario, reducido a buscar comida en una camioneta destartalada cuando fue capturado.
San Pedro Sula, capital de bienes incautados
De los 2,926 bienes incautados entre 2011 y 2022, casi un tercio se localizan en el departamento de Cortés, con San Pedro Sula a la cabeza.
Aquí, las mansiones, terrenos y empresas incautadas hablan de un pasado lujoso y oscuro, construido sobre el narcotráfico y el lavado de activos.
“La dinámica económica de la región permitió blanquear grandes fortunas”, explica el criminólogo Gonzalo Sánchez.
Este panorama hizo de Cortés un epicentro para figuras como Los Valle Valle y Los Cachiros, que consolidaron sus operaciones ilícitas a la sombra del desarrollo industrial.
Territorio del narco
Atlántida, Colón y Yoro no se quedan atrás en el conteo de bienes asegurados. En Colón, el clan Montes Bobadilla usó las riquezas generadas por el narco para construir un imperio que ahora se desmorona.
Entre terrenos, casas y empresas, 353 bienes fueron arrebatados al crimen en este departamento, el tercero con más propiedades incautadas.
Atlántida suma 281 bienes, mientras que Yoro, con 248, cierra el círculo de las regiones más golpeadas por la estrategia estatal.
Este último departamento también fue escenario de operaciones clave, como las de Héctor Emilio Fernández Rosa, conocido por sus vínculos con el cartel de Sinaloa.
Bienes en Francisco Morazán
En la capital, Tegucigalpa, el panorama no es menos significativo. Con 311 bienes confiscados en Francisco Morazán, la ciudad se erige como un centro estratégico para el lavado de activos.
Aunque no alcanza los niveles del norte del país, sigue siendo un reflejo del alcance de las operaciones ilícitas.
En los departamentos del oriente, centro y sur, el conteo es menos impactante, pero no menos revelador. Valle y El Paraíso apenas suman 25 bienes entre ambos, mientras que La Paz alcanza los 21. Cada cifra es una herida infligida al crimen organizado.
Los grandes golpes
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) no se detiene. En 2024, aseguró 131 bienes vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana Rosalinda García Carías.
Las propiedades incluyen 32 inmuebles, 19 empresas y 80 productos financieros distribuidos en Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
Otro golpe significativo fue contra Mauricio Hernández Pineda, primo del expresidente y excomisionado policial, a quien le confiscaron ocho inmuebles, entre otros bienes, relacionados con el narcotráfico.
Una batalla
Honduras logró lo que parecía imposible: asestar golpes contundentes a las raíces económicas del crimen organizado.
Sin embargo, como lo demuestra el asesinato del fiscal Orlan Chávez en 2013, esta lucha no está exenta de riesgos.
La privación de dominio no solo desmantela imperios criminales, sino que también envía un mensaje claro: el Estado hondureño está decidido a enfrentar al narco más allá de las detenciones y sentencias.
Si bien queda mucho por hacer, cada terreno confiscado y cada mansión asegurada son pasos firmes hacia un país más justo.
