El Ministerio Público (MP) informó el viernes (21.01.2021) que inició una investigación en contra de una ex integrante de la junta interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) por el desvío, supuestamente, de 7 millones de lempiras que serían utilizados para indemnizar a familias de 107 reos que murieron en un incendio de la cárcel de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, en mayo de 2004.
Las investigaciones se realizan en contra de la exinterventora Karla Patricia Pavón Bustillo, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), indicó el MP en un comunicado.
El equipo de investigación llegó este viernes a las oficinas del INP con el fin de recabar información y evidencias del supuesto desvío del dinero destinado por el Estado para indemnizar a los familiares de los reos que perecieron calcinados.
PUEDE LEER: ONU pide investigar la entrada y uso de explosivos y armas de fuego en cárceles de Honduras
Desvío de fondos de indemnización
En el comunicado, la Fiscalía hondureña señaló que se presume que la señora Karla Pavón "cobró 49 cheques por un monto de siete millones ciento cuarenta mil quinientos veinte y nueve con sesenta y dos centavos (Lps. 7,140,529.62)".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Honduras por el incendio del penal sampedrano ocurrido el 17 de mayo de 2004 cuando perdieron la vida 107 privados de libertad y por lo cual se obligó al Estado a pagar 317 mil lempiras a cada familiar.
Mediante una carta poder, la exinterventora investigada cobró esos 49 cheques en el Banco Central de Honduras (BCH), agregó el Ministerio Público.
