En el Juzgado de Ejecución de El Progreso, Yoro, se reportan 162 privados de libertad condenados por ser agresores sexuales que cometieron delitos de violación, estupro y actos de lujuria.

Es el delito más frecuente, según los jueces, pero también el más frustrante por las bajas penas y la falta de rehabilitación.

“Es el delito que más se comete, y lo más lamentable es que las penas son bien bajas”, afirma un juez que cada día escucha testimonios de niñas, jóvenes y mujeres abusadas.

Aún más perturbador: muchos agresores son adultos mayores que abusan hasta de menores con discapacidad, una realidad que raramente se visibiliza.

La situación se repite en todo el país. De acuerdo con los registros judiciales, entre 2016 y 2022 se emitieron 1,909 sentencias condenatorias por delitos sexuales, pero el número de denuncias y agresores sigue aumentando año tras año.

“El problema no es que no se juzgue, explica una fuente judicial, el problema es que se juzga poco y se castiga mal".

Un país enfermo de impunidad con los agresores sexuales

Según la Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas (ENESVMN), 24 de cada 100 mujeres hondureñas sufrieron violencia sexual al menos una vez en su vida.

Solo en 2024, el Ministerio Público (MP) registró 3,350 denuncias por violencia sexual, mientras el SNE-911 atendió 3,233 llamadas relacionadas con delitos sexuales.

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) advierte que estas cifras representaron un incremento respecto a 2023 y que la magnitud real del problema es mucho mayor.

“Vivimos una pandemia silenciosa que el Estado ni siquiera se atreve a nombrar”, denuncia la feminista Cristina Alvarado.

El “código del mal” y leyes hechas para fallar

Para Merlin Eguigure, del Movimiento Visitación Padilla, el incremento de agresores sexuales también responde a un marco legal débil.

“El nuevo Código Penal redujo las penas y otorgó beneficios a quienes cometen delitos sexuales. Es un código del mal, diseñado para favorecer al agresor”, denuncia.

La defensora afirma que el Congreso Nacional tiene una deuda pendiente con las mujeres y niñas de Honduras:

“No se puede permitir que quien destruye la vida de una niña tenga derecho a beneficios de ley. Eso es inhumano”.

Honduras, un país sexuado y sin control

El psicólogo Rafael Mejía ofrece una lectura social más amplia. “Vivimos en un país demasiado sexuado, donde la lujuria, el deseo y la violencia se normalizan desde la infancia. Falta educación emocional, sexual y afectiva. Falta control de impulsos”, explica.

Para Mejía, las denuncias aumentan porque las mujeres están más empoderadas y acompañadas, pero el sistema judicial no avanza al mismo ritmo que su valentía.

Tres víctimas diarias de violencia sexual, un país en deuda

Cada día, tres niñas o mujeres son víctimas de abuso sexual en Honduras. El CDM advierte que estas cifras son solo una parte del problema, ya que la mayoría de los casos nunca se denuncia.

Las víctimas quedan muchas veces atrapadas entre el miedo, la revictimización y la falta de acceso a justicia.

Honduras vive una crisis estructural y moral. Los agresores sexuales no solo aumentan: se fortalecen en un sistema que los deja actuar sin castigo real.

Ni la cárcel los corrige, ni la ley los frena. Y mientras la impunidad siga siendo la norma, los cuerpos de las mujeres y niñas serán el territorio donde se libra y se pierde una de las batallas más dolorosas del país.