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El reciente asesinato de Juan López, ambientalista en Tocoa, Colón, pone nuevamente en el foco la responsabilidad del Estado hondureño por no cumplir con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La comunidad afectada, representada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Públicos y Comunidades de Tocoa, manifiestan que, a pesar de haber solicitado la implementación de un mecanismo de protección efectivo, el Estado no actuó.
“Sin ninguna duda, aquí el Estado de Honduras tiene una responsabilidad clara”, afirma Joaquín Mejía, abogado especialista en Derechos Humanos.
Las medidas cautelares emitidas por la CIDH no se implementaron, lo que resultó en la trágica muerte de Juan López que estaba bajo protección internacional.
Esta situación genera indignación entre las organizaciones y la comunidad, que ahora exigen no solo justicia, sino una investigación exhaustiva que vaya más allá de los autores materiales del crimen.
El incumplimiento de las medidas y sus consecuencias
El Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa presentó una propuesta concreta al Mecanismo Nacional de Protección para resguardar la vida del los defensores del ambiente.
Sin embargo, el Estado no actuó con la diligencia debida. "El mecanismo nunca implementó las medidas, lo que evidencia la falta de voluntad o capacidad del Estado para prevenir estos hechos", lamentó Mejía.
Cuando un Estado no previene estos crímenes, la segunda obligación es investigar y sancionar a todos los responsables.
Esto incluye a los autores materiales e intelectuales, así como a los funcionarios que, con su omisión, permitieron que la violencia tuviera lugar, señala el abogado.
Llamado a una investigación internacional
La comunidad de Tocoa, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, expresan su desconfianza en las instituciones judiciales hondureñas, señalando que en el pasado han sido responsables de criminalizar a los defensores y de generar impunidad alrededor de las actividades empresariales.
Por ello, exigen el acompañamiento de un equipo internacional para garantizar una investigación objetiva, similar a los esfuerzos realizados por la CIDH en otros casos graves en América Latina, como el de Ayotzinapa en México.
“Estamos pidiendo un acompañamiento internacional porque no confiamos en las instituciones locales para obtener la verdad sobre este asesinato”, manifestó Joaquín Mejía.
La falta de acción del Ministerio Público y del Poder Judicial, que deberían ser los principales garantes de justicia, deja a la comunidad en un estado de frustración y temor.
“No podemos permitir que este asesinato quede en la impunidad”, señalaron los manifestantes.
¿Más ataques?
Kenia Oliva, defensora de derechos humanos, advirtió que el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar una investigación exhaustiva y pública del asesinato, sino asegura podrán venir más ataques.
"Si no se sanciona debidamente a todos los responsables, esto podría marcar el inicio de nuevos ataques contra otros defensores ambientales en la región", advirtió Oliva.
La defensora también destacó la importancia de investigar a los actores que, al no aplicar la ley, permitieron la presencia de empresas extractivas en la zona, las cuales contribuyen al conflicto.
Exigen justicia y aprobación del Acuerdo de Escazú
Pedro Landa, también defensor del medio ambiente, destaca que este trágico crimen desencadenó manifestaciones de solidaridad en Europa, América Latina y Estados Unidos.
"Se está exigiendo una investigación exhaustiva e inmediata", afirma Landa, subrayando la responsabilidad del gobierno hondureño para esclarecer los hechos.
Landa critica la imagen que Honduras proyecta en la última década, ubicándose entre los países más peligrosos para los activistas ambientales.
"Esto debe cambiar", sentencia, y propone que el primer paso para honrar la memoria de López y otros defensores es que el gobierno garantice el derecho a defender los derechos humanos sin temor a represalias.
Para Landa, la mejor forma de honrar la memoria de Juan López y de transformar la realidad de los defensores ambientales en Honduras es a través de la aprobación e implementación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que protege a los defensores del medio ambiente.
"La presidenta Xiomara Castro tiene el acuerdo en su escritorio desde hace más de un año, con el visto bueno de más de 14 ministerios, pero aún no lo envía al Congreso", lamenta.
A pesar de una petición ciudadana y el apoyo de diversas organizaciones, el acuerdo sigue estancado.
El ambientalista dice que, su aprobación es fundamental para reducir los conflictos ambientales y garantizar una verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al entorno.
"Si realmente se quiere honrar la memoria de Juan, hay que aprobar el Acuerdo de Escazú", concluye.