Las cárceles de Honduras atraviesan una revisión para determinar quiénes podrían ser trasladados a máxima seguridad.
Esa es una medida que cambiaría las condiciones de reclusión de personas vinculadas con estructuras criminales.
El proceso busca determinar quiénes podrían quedar sujetos a medidas de máxima seguridad, bajo la aplicación de la nueva figura penal de asociación terrorista.
Detrás de esta reorganización hay expedientes que revisar, información que cruzar entre instituciones y decisiones que podrían modificar la vida dentro de los centros penitenciarios.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) impulsa la coordinación con otras entidades para aplicar las nuevas disposiciones legales y fortalecer el control de la población penitenciaria.
Pero la tarea no consiste únicamente en identificar a los integrantes de estructuras criminales.
También requiere establecer qué medidas corresponden legalmente a cada privado de libertad.
De interés: El cerrojo se endurece: ahora el reto es sostener los casos en tribunales
Máxima seguridad: expedientes entran en revisión
Uno de los principales desafíos es contar con información actualizada sobre las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios del país.
El INP ha informado de avances en la actualización de registros, un trabajo que permite identificar la situación jurídica y penitenciaria de cada persona.
Esta información resulta importante para determinar posibles reubicaciones, reforzar los controles y coordinar actuaciones con las autoridades judiciales y de investigación.
Sin embargo, la identificación de un recluso como presunto integrante de una organización criminal no equivale automáticamente a una condena por asociación terrorista.
La aplicación de esta figura exige respetar los procedimientos legales y distinguir entre personas procesadas y aquellas que ya cuentan con sentencia.
Preparan espacios para 950 reclusos
La reorganización penitenciaria también exige instalaciones capaces de albergar a quienes sean sometidos al nuevo régimen de reclusión.
El INP informó el 1 de octubre que se trabaja en la adecuación de módulos de máxima seguridad con capacidad aproximada para al menos 950 privados de libertad.
La medida forma parte de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional para reforzar el control sobre personas vinculadas con organizaciones declaradas terroristas.
Entre las estructuras comprendidas en las nuevas disposiciones aparecen la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.
Estas organizaciones fueron incluidas en las medidas anunciadas tras las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Sin embargo, la capacidad proyectada para los módulos no significa que las 950 plazas ya estén ocupadas ni que todos los traslados se hayan ejecutado.
Visitas suspendidas y comunicaciones vigiladas
Los cambios no se limitan al lugar donde permanecerán los reclusos, también alcanzan las comunicaciones y el contacto con familiares y abogados.
El INP dispuso la suspensión temporal de visitas en los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara, y Morocelí, El Paraíso.
La medida también comprende los módulos de máxima seguridad de Támara y Siria, en Francisco Morazán, mientras se realizan adecuaciones para aplicar el nuevo régimen.
Asimismo, se rehabilitaron locutorios para permitir entrevistas entre los privados de libertad y sus defensores sin contacto físico.
Para las familias, estas disposiciones representan cambios en las posibilidades de visitar a sus parientes recluidos, aunque la suspensión anunciada tiene carácter temporal.
El endurecimiento del régimen también contempla mayores restricciones de circulación y mecanismos de vigilancia sobre las personas comprendidas en la legislación.
Un equipo especial decidirá las reubicaciones
El INP estableció un equipo encargado de perfilar a los privados de libertad que actualmente permanecen en otros regímenes de seguridad.
Su tarea consiste en determinar cuáles reúnen los criterios legales para ser trasladados a módulos de máxima seguridad.
Las autoridades también instruyeron a los directores penitenciarios para identificar a las personas acusadas o sentenciadas bajo la figura de asociación terrorista.
De acuerdo con la información, las personas que acusen por ese delito se incorporarán al régimen especial.
Este punto introduce una diferencia importante: las nuevas medidas pueden alcanzar a personas que todavía enfrentan un proceso judicial y no han recibido sentencia.
El Congreso Nacional confirmó que las reformas contemplan el ingreso a máxima seguridad de personas capturadas como integrantes de grupos declarados terroristas, incluso antes del juicio.
El desafío de aplicar las nuevas reglas
Las reformas forman parte de la estrategia de las autoridades hondureñas para combatir la extorsión y restringir las operaciones criminales desde los centros penitenciarios.
El INP sostiene que los nuevos mecanismos permitirán mejorar la clasificación de reclusos, fortalecer la vigilancia y ordenar la administración penitenciaria.
También señalan que el fortalecimiento de la seguridad debe mantenerse junto con los procesos de rehabilitación, reeducación y reinserción social.
La aplicación de estas medidas plantea, además, la necesidad de garantizar la defensa legal y diferenciar la situación de quienes están procesados de quienes cumplen condena.
Por ahora, no se precisa cuántas personas se trasladarán como resultado del perfilamiento ni cuándo concluirá la reorganización.
Lo que comenzó como una reforma legal ya está modificando las condiciones de reclusión en Honduras.
La decisión sobre quién irá a máxima seguridad no solo determinará dónde permanecerá encerrada una persona, sino también bajo qué restricciones transcurrirá su vida dentro de prisión.
Lea también: 'Corre peligro': buscan sacar a Iván Velásquez de máxima seguridad
