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La reciente decisión del gobierno hondureño de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos despierta una oleada de inquietud tanto a nivel local como internacional.
Este tratado, firmado hace más de un siglo, fue un pilar fundamental en la cooperación entre ambos países para combatir el narcotráfico y la corrupción, permitiendo que varios capos de la droga hondureños fueran extraditados y juzgados en tribunales estadounidenses.
Sin embargo, la decisión de la presidenta de Honduras de poner fin a este acuerdo crea incertidumbre sobre el futuro de la lucha contra el crimen organizado en la región.
Tres dimensiones
Para Tiziano Breda, analista de ACLED para América Latina, este acuerdo fue fundamental para desmantelar poderosas organizaciones criminales y combatir la corrupción en las más altas esferas del Estado.
Es paradójico, según el experto, que un gobierno que ascendió al poder gracias a la efectividad de este tratado ahora lo abandone, por eso analiza esa decisión en tres dimensiones.
"La primera, es la pérdida de una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Este tratado contribuyó significativamente al desmantelamiento de algunas de las organizaciones criminales más poderosas del país y expuso redes de corrupción que llegaban a las más altas esferas del Estado", explicó Breda.
"La segunda, es el impacto político y diplomático, especialmente en un año electoral", continúa.
"Esta decisión puede dañar seriamente la imagen del gobierno a nivel internacional. El vínculo entre la cancelación del tratado y las críticas recientes de la embajadora de Estados Unidos es, en el mejor de los casos, incierto y parece más un pretexto que una justificación real", comentó Breda.
Breda también advirtió que la medida busca proteger a ciertos actores involucrados en el narcotráfico y evitar que sean extraditados a Estados Unidos.
"La tercera, es la percepción de la voluntad del gobierno en su compromiso de combatir el crimen organizado. Aunque no creo que la derogación del tratado este en las reformas necesarias para la llegada de la Cicih, esta decisión puede ser vista como un obstáculo o señal de falta de compromiso en la lucha contra la impunidad", concluyó Breda en declaraciones a tunota.com,
Perspectiva desde Colombia
En el contexto internacional, Daniel Rico, un reconocido analista en narcotráfico en Colombia, comparte su visión sobre la medida adoptada por Honduras.
Para Rico, los narcos colombianos ya no temen la extradición, afirmando que este cambio no representa un desafío significativo para los grandes cárteles de la droga.
Rico subrayó la importancia de que una decisión de tal magnitud debería pasar por el Congreso Nacional de Honduras.
“Entiendo que a pesar del anuncio de la presidenta, no cuenta con las mayorías necesarias para hacer efectiva esta medida”, señaló el analista, indicando que aún queda un largo camino por recorrer antes de que la decisión sea definitiva.
Además, Rico advirtió que, aunque Estados Unidos tiene varias herramientas para presionar y conseguir las extradiciones, no serán los norteamericanos quienes resuelvan los problemas de criminalidad en Honduras.
“Les toca a los hondureños definir su modelo de seguridad”, concluyó, subrayando la responsabilidad interna en la lucha contra el crimen.