Honduras vive bajo una tensión constante. Las carreteras bloqueadas, las tomas de instituciones, los plantones y las protestas ya no son hechos aislados, sino parte de una rutina que evidencia el cansancio social acumulado en el país y el crecimiento de la protesta social en distintos sectores.
El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentó su más reciente informe sobre conflictividad social.
El panorama que expone es inquietante: entre enero y abril de 2026 se registraron 148 acciones colectivas en todo el país, equivalente a una protesta diaria.
El documento advierte que marzo fue el mes más conflictivo, acumulando 58 casos y jornadas donde llegaron a registrarse hasta siete manifestaciones en un solo día.
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Protesta: Francisco Morazán y Cortés concentran el malestar
El informe revela que el descontento social se concentra principalmente en Francisco Morazán y Cortés, los dos departamentos más poblados y políticamente activos del país.
Francisco Morazán encabezó la lista con 73 conflictos, mientras Cortés acumuló 27. Entre ambos territorios concentraron más de dos tercios de las protestas registradas a nivel nacional.
Aunque departamentos como Colón y Comayagua reflejan cifras menores, el informe deja claro que la conflictividad se extiende prácticamente a todo el territorio hondureño.
Las protestas muestran un país donde amplios sectores sienten que sus demandas continúan sin respuesta mientras se profundizan problemas relacionados con empleo, servicios públicos y acceso a derechos básicos.
El trabajo y los servicios públicos encabezan las demandas
Los trabajadores fueron los principales protagonistas de las acciones colectivas durante los primeros cuatro meses del año.
Según el IUDPAS, este sector participó en 54 conflictos, equivalente al 36.5 % del total de protestas registradas.
Detrás aparecen los partidos políticos con 23 casos de protesta y los grupos indígenas y afrohondureños con 13.
La defensa del trabajo y las condiciones laborales lideró las demandas sociales con 59 reclamos.
A ello se sumaron exigencias relacionadas con infraestructura, servicios públicos, defensa del territorio y protección ambiental.
El informe también evidencia que educación, salud y energía siguen siendo algunos de los sectores con mayor presión social.
En total, se registraron 21 conflictos relacionados con educación, 18 vinculados al ámbito laboral y 14 tanto en salud como en el sector energético.
Bloqueos y tomas: las medidas de presión más utilizadas
El bloqueo de carreteras e instalaciones continúa siendo la principal herramienta utilizada por distintos sectores para ejercer presión sobre las autoridades.
El informe contabilizó 60 casos de bloqueos y 50 mitines o concentraciones. Las marchas tradicionales quedaron relegadas a un tercer lugar con apenas 13 incidencias.
La recurrencia de estas acciones refleja cómo amplios sectores consideran que solo mediante medidas que afecten la movilidad o el funcionamiento institucional logran llamar la atención del Estado.
Sin embargo, estas protestas también generan impactos económicos y tensiones sociales, especialmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los cierres de calles y carreteras suelen paralizar la actividad diaria.
Presencia policial y uso de la fuerza
El documento señala que en 33 protestas hubo presencia policial o militar y que en nueve de ellas recurrieron al uso de la fuerza.
Aunque el informe no profundiza en los incidentes específicos, los datos reflejan un escenario donde la conflictividad social comienza a mezclarse con respuestas de contención y seguridad.
Para analistas, este tipo de escenarios suele incrementarse cuando las demandas se acumulan sin mecanismos efectivos de diálogo o solución.
Detrás de cada bloqueo, toma o plantón hay trabajadores reclamando salarios, pacientes exigiendo atención médica, comunidades denunciando abandono y sectores que sienten que la única manera de ser escuchados es paralizando calles o instituciones.
La conflictividad social no solo expone problemas económicos o administrativos. También refleja el deterioro de la confianza ciudadana.
Una confianza que en un Estado según los datos del propio informe, permanece ausente frente a la mayoría de las demandas.
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