El vicecanciller de Honduras para asuntos migratorios, Antonio García, declaró este jueves que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro enfrenta con la mayor seriedad la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

García destacó que el país está comprometido en proteger a su diáspora y hará todo lo posible para defender los derechos de los hondureños que residen en territorio estadounidense.

"El Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ se ha tomado de la manera más seria posible el tema y la amenaza de deportaciones masivas y hará todo lo que esté a su alcance para defender a nuestra diáspora como corresponde", señaló García en X.

El vicecanciller también aseguró que el gobierno está trabajando en un plan estratégico que se dará a conocer en breve.

Image

Diversos sectores hondureños han señalado que la actual administración no ha tomado medidas diplomáticas ni de apoyo a los migrantes hondureños que podrían verse afectados por las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos.

Según autoridades, al menos un millón y medio de hondureños viven en Estados Unidos, ya sea de forma legal o ilegal. De ellos, entre 250 mil y 280 mil están en riesgo de deportación.

Reunión de embajadores

El canciller Eduardo Enrique Reina convocó el miércoles a una reunión virtual de emergencia con los embajadores de Honduras en Estados Unidos, Guatemala y México, para definir estrategias orientadas a atender las necesidades y proteger los derechos de los migrantes, ante las medidas anunciadas por Trump.

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles una ley que autoriza a las autoridades migratorias a detener inmigrantes indocumentados que cometan robos y otros delitos menores. Esta ley se erige como la primera que firmará el presidente Donald Trump en su segundo mandato.

Los arrestos contemplados en esa ley incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas. Los detenidos serán puestos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), según informaron agencias internacionales.

Además, la ley autorizará a los fiscales generales de los estados estadounidenses a intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal.

Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.

Autorización de redadas

Por otro lado, el gobierno de Trump autorizó el 21 de enero las redadas de migrantes en lugares previamente considerados "protegidos" como escuelas, iglesias y hospitales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca de ellos.