La mañana del 17 de agosto de 2012 marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico aéreo en Honduras. Ese día, el radar AN/TPS-78, instalado en Puerto Lempira con apoyo de Estados Unidos, fue retirado.

En medio de tensiones diplomáticas y errores operativos, el país quedó, literalmente, a ciegas.

Lo que siguió fue una sucesión de años en los que el crimen organizado aprovechó el vacío: narcoavionetas cruzaron el territorio hondureño sin mayor oposición.

Los radares ya no captaron vuelos ilegales y, con ello, se abría una autopista invisible para el trasiego de cocaína.

Radar, una gran herramienta

Apenas semanas después del retiro del radar, Estados Unidos suspendió el intercambio de datos de inteligencia en septiembre de 2012, luego de que las Fuerzas Armadas hondureñas derribaran narcoavionetas en situaciones que violaron los protocolos internacionales.

Aunque el intercambio se reactivó en noviembre del mismo año, el golpe más severo llegaría dos años más tarde.

En marzo de 2014, el Congreso hondureño aprobó la Ley de Protección del Espacio Aéreo, una normativa que autorizó el derribo de aeronaves sospechosas de narcotráfico.

Aunque buscó recuperar el control, provocó el efecto contrario: Estados Unidos cortó por completo el suministro de datos de radar.

Se argumentó que no colaboraría con países que aplicaran políticas de derribo sin garantías legales claras.

El impacto de volar sin ojos

Desde 2014 hasta 2023, Honduras operó sin datos de radar de su principal socio en inteligencia.

En esos años, según organizaciones internacionales, el país se consolidó como una de las principales rutas de tránsito para la cocaína proveniente de Sudamérica con destino a Estados Unidos.

Vuelos ilegales llegaron a operar con impunidad, especialmente en regiones como Gracias a Dios y Olancho, donde las narcopistas florecieron.

Las fuerzas de seguridad nacionales, sin capacidad tecnológica para detectar aeronaves, se limitaron a operar con inteligencia en tierra y destruir pistas.

Una reactivación tras nueve años

En julio de 2023, el gobierno hondureño anunció la reanudación del intercambio de información de radar con Estados Unidos.

Nueve años después de la suspensión, los ojos del radar volvieron a encenderse. Este giro se produjo en un contexto en el que Honduras prometió mayor cooperación regional y endurecimiento de su lucha contra el narcotráfico.

La Fuerza Aérea y la Secretaría de Seguridad aseguran que reaccionan con mayor rapidez ante vuelos sospechosos.

La nueva apuesta: recuperar el control del cielo

Además de la reactivación del intercambio con Estados Unidos, Honduras inició procesos para adquirir sus propios sistemas de radar, aunque los detalles aún son escasos.

El objetivo es no depender exclusivamente de cooperación extranjera y establecer un control soberano del espacio aéreo.

Por ahora, según el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosvelth Hernández, Honduras cuenta con un radar operativo, pero su cobertura se limita únicamente al sector del Pacífico.

Pero los expertos advierten: no se trata solo de tener radares, sino de tener capacidad de respuesta.

Además, leyes claras, y una institucionalidad que no se doblegue ante los intereses del crimen organizado.

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¿Se puede cerrar el cielo al narco?

Honduras vivió más de una década sin visión aérea, en un contexto donde el narcotráfico muta y se adapta.

El desafío ahora no es solo técnico, sino político. Encender los radares es el primer paso, pero sin voluntad real de enfrentar las redes criminales, el país corre el riesgo de volver a volar a ciegas.

Aunque en 2023 se reanudó el envío de información, lo cierto es que el Estado aún no cuenta con un sistema propio y robusto de vigilancia aérea.

Hoy, Honduras sigue dependiendo de la cooperación externa para saber qué vuela sobre su territorio.

El radar puede haberse encendido, pero el control del cielo todavía no regresa a casa.