"Nos estamos reuniendo para averiguar cuál es el mecanismo para la venta de ese avión. Es impresionante, y lo que no nos ha permitido proceder con más agilidad es que no había registro de cómo llegó ese avión, nunca tuvo un proceso de introducción formal al país y nunca se pagó ningún tipo de impuesto", dijo Pastor en un foro de televisión.
Según las declaraciones del funcionario hondureño, el avión presidencial no fue una donación, como se había afirmado -por parte de la administración pasada-. "Al parecer, fue una compra por más de 13 millones de dólares (casi 322 millones de lempiras al cambio actual), a través de la Tasa de Seguridad, pero no existen recibos ni facturas".
Pastor de María y Campos mencionó que el Gobierno actual está solicitando a la empresa Embraer, de origen brasileño y fabricante de la aeronave, que proporcione una factura proforma para poder ponerla a la venta.
"El avión apareció aquí en Honduras, lo aterrizó la compañía y se lo entregó a un piloto de la Fuerza Aérea Hondureña que está capacitado para volarlo, pero no hubo un proceso formal legal para la compra e introducción de esa aeronave'", agregó.
Pastor no especificó el precio al que pondrán a la venta el avión, pero el director de Bienes Nacionales, Luis Sosa, informó a los medios nacionales que se subastará por un precio inicial que supera los 14 millones de dólares.
El proceso se llevará a cabo una vez que se cuente con la documentación necesaria, ya que en un principio el Gobierno anterior afirmó que se había adquirido en Taiwán con fondos de la Tasa de Seguridad, pero posteriormente se aclaró que la transacción se realizó en Brasil, indicó Sosa.
Denuncia del CNA
En noviembre de 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) informó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad autorizó en octubre de 2014 al Comité Técnico del Fideicomiso del "Tasón" a realizar un desembolso de 1,077,713,684.68 de lempiras para la adquisición, uso, mantenimiento y operación de la aeronave presidencial Embraer Legacy 600, destinada exclusivamente para funcionarios del Estado.
El actual Gobierno, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, ha ordenado que la aeronave presidencial se utilice para repatriar los cuerpos de hondureños que fallecen en el extranjero por diversas causas.
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