Ana Romero, una hondureña de 43 años, la condenaron por un tribunal federal en Jacksonville, Florida, a 21 meses de prisión por su papel en un esquema de fraude fiscal que involucró más de 7.6 millones de dólares (unos 197.6 millones de lempiras), en pagos no registrados.
El caso destapó cómo Romero creó una empresa fantasma que permitió a contratistas eludir el pago de impuestos y seguros obligatorios, lo que perjudicó tanto al fisco estadounidense como a una aseguradora.
Además de su condena, el tribunal ordenó que entregara 461,850 dólares producto del delito y pagara más de $1.9 millones (unos 5 millones de lempiras), en restitución al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
La fachada
Entre 2018 y 2019, Romero operó junto a otros cómplices a través de Universal Florida Construction LLC.
Esta era una supuesta empresa constructora que en realidad no tenía operaciones reales.
Su función era servir como intermediaria para pagar en efectivo a trabajadores de la construcción sin registrar dichos pagos ante las autoridades fiscales ni reportarlos a la aseguradora de compensación laboral.
Por este servicio, cobró entre el 6% y el 8% del total de las nóminas de contratistas y subcontratistas que buscaron reducir costos evadiendo impuestos y seguros.
Cómo operó el fraude fiscal millonario
Romero facilitó certificados de seguro falsos a nombre de su empresa fantasma, los cuales usó como supuesta evidencia de que los trabajadores estaban cubiertos legalmente.
En realidad, la póliza se adquirió con información fraudulenta que ocultó que esos trabajadores ni siquiera eran parte real de Universal Florida Construction.
Los pagos se canalizaron a través de cuentas bancarias de la empresa, desde donde se retiraron grandes sumas en efectivo.
Así se entregó el dinero a los trabajadores sin cumplir con ninguna obligación de retención fiscal, lo que ocasionó un daño económico directo al IRS por más de $1.9 millones.
Otros condenados por el esquema
Oscar Molina Ávila y José Molina Herrera, cómplices de Romero, ya los condenaron por su implicación.
Molina Ávila recibió cuatro años y cuatro meses de prisión, mientras que Molina Herrera lo sentenciaron a dos años y tres meses.
Las autoridades federales dijeron que este tipo de fraude fiscal no quedará impune, especialmente por atentar contra la justicia laboral y la seguridad financiera.
Una advertencia
“Romero y sus cómplices ayudaron a contratistas a robarle al gobierno federal al evitar el pago de impuestos”, declaró Richard Nelson, agente del IRS.
“Su condena es una muestra de lo que ocurre cuando se desafía la ley fiscal de manera tan descarada”.
Por su parte, Timothy Hemker, agente especial de Seguridad Nacional, fue enfático: “Las estafas de nómina clandestinas, como esta, ponen en riesgo a los trabajadores y distorsionan la competencia en la industria”.
El caso de Ana Romero es una señal de advertencia para quienes usan empresas ficticias y pagos en efectivo pueden pasar desapercibidos.
Más allá del dinero evadido, este tipo de fraude fiscal debilita la protección laboral y daña la estructura legal que sostiene a miles de trabajadores.
La justicia en Estados Unidos habló: el costo de defraudar al sistema es alto, y nadie, está por encima de la ley.
