En una operación de seguimiento y vigilancia, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron la captura de una mujer de 24 años, originaria de Danlí, El Paraíso, al oriente de Honduras, vinculada al delito de infanticidio tras la muerte de un bebé.

La detención preventiva se realizó en la aldea San Marcos Arriba, de Danlí, como parte de las diligencias asignadas por los investigadores de la DPI en el departamento.

La joven quedó a disposición del Ministerio Público para que se continúe con el proceso judicial correspondiente.

Detención de hondureña por infanticidio

Según el expediente investigativo, el caso se remonta al pasado 23 de febrero de 2026, cuando fue hallado el cuerpo de un bebé debajo de una cama en una vivienda del sector La Cidra de la colonia Nueva Esperanza.

Los vecinos de la zona reportaron haber escuchado gritos provenientes de la habitación de la sospechosa y señalaron que presentaba rastros de sangre en su cuerpo.

Tras su traslado al Hospital Gabriela Alvarado, los médicos realizaron evaluaciones que, junto con declaraciones iniciales, permitieron determinar que la ciudadana presuntamente habría ingerido fármacos abortivos para interrumpir su embarazo.

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En Honduras, la interrupción del embarazo está completamente prohibida y no contempla excepciones, incluso en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la mujer. Las personas que se someten a un aborto o quienes asisten en el procedimiento pueden enfrentar penas de prisión, lo que convierte el país en uno de los más estrictos del mundo respecto a esta práctica.

El caso de la joven permanece bajo investigación mientras el Ministerio Público recopila pruebas y testimonios adicionales que permitan esclarecer la dinámica de los hechos y establecer la responsabilidad legal de la imputada.

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¿Cómo se penaliza el delito de parricidio en Honduras?

El infanticidio en Honduras se encuentra tipificado en el Código Penal, contemplando sanciones menores que las del homicidio común, tomando en cuenta factores como el estado emocional o psicológico de la madre en el momento del parto.

La pena puede variar entre cuatro y ocho años de prisión, dependiendo de las circunstancias específicas del caso.

La DPI y el Ministerio Público aseguran que continuarán con las diligencias para esclarecer totalmente este caso y garantizar que se cumpla la ley.

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