Una mujer figura entre las 67 personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Honduras, luego de recibir una sentencia judicial por incumplir sus obligaciones de manutención, según estadísticas divulgadas este martes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El dato llama la atención porque, aunque la mayoría de las personas incluidas en el registro son hombres, también hay una mujer señalada por incumplir el deber de proporcionar alimentos y cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

El director de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que de las 67 personas registradas, 66 son hombres y una es mujer.

Asimismo, detalló que el incumplimiento de estas obligaciones ha afectado a 92 menores de edad, de los cuales 48 son hijos y 44 hijas.

"Ya son 67 ciudadanos que están incluidos en este registro, 66 son hombres, una es mujer", explicó Duarte al referirse a las cifras del Poder Judicial.

El funcionario recordó que las obligaciones alimentarias no se limitan únicamente a proporcionar dinero para comida, sino que también comprenden gastos relacionados con la salud, educación, vestimenta y demás necesidades indispensables para el desarrollo de los niños y niñas.

Incumplir la manutención puede limitar trámites

Duarte también informó que el registro cuenta con un 80 % de interconectividad entre las instituciones involucradas, lo que permite identificar a las personas inscritas y aplicar las restricciones correspondientes en distintas entidades.

Entre las instituciones conectadas figuran el Registro Nacional de las Personas (RNP), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el sistema bancario, Migración y Extranjería, las alcaldías municipales y los consulados.

En ese sentido, las personas que aparecen como deudoras alimentarias morosas pueden enfrentar impedimentos para realizar determinados trámites mientras no cumplan con sus obligaciones de pago.

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Deudas pueden alcanzar los 40 mil lempiras

El director de Comunicaciones explicó a través del medio local que las cantidades establecidas por los juzgados de familia varían según los ingresos de la persona obligada y el número de hijos que debe mantener.

Los montos pueden oscilar entre 3,000 y 40,000 lempiras, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.

Duarte aclaró que las personas incluidas en el listado cuentan con una sentencia emitida por los juzgados correspondientes, por lo que su incorporación al registro responde a un proceso judicial.

Finalmente, el Poder Judicial continúa desarrollando jornadas de orientación y concientización en diferentes zonas del país para promover el cumplimiento de las responsabilidades familiares y facilitar que los casos de incumplimiento puedan ser incorporados al registro.

Las autoridades buscan que este mecanismo contribuya a garantizar los derechos de la niñez y que los padres y madres cumplan con las obligaciones económicas establecidas por la justicia.

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