Un ciudadano hondureño identificado como Javier Espinoza interpuso este miércoles una denuncia por acoso, amenazas y violencia contra su expareja sentimental, en la Jefatura Metropolitana Número 1 (Core 7), en el centro de Tegucigalpa.

De acuerdo con el relato brindado ante medios de comunicación, Espinoza ingresó a las instalaciones buscando resguardo luego de ser perseguido por la mujer, quien permaneció afuera del edificio.

Según su testimonio, el conflicto se originó tras ser visto por ella en compañía de su nueva pareja.

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"Ella me encontró ayer besándome con otra mujer y ahora me quiere matar", declaró, asegurando que ya no desea mantener ningún tipo de relación con la denunciada.

Hondureño señalando a su expareja
El hondureño indicó que dejará el caso en manos de las autoridades.

El denunciante trabaja cerca de la zona

Espinoza señaló que la situación ha afectado su entorno laboral, pues trabaja cerca del lugar, específicamente con vendedores y en una clínica dental.

También manifestó que ha sido advertido por las autoridades en el pasado sobre evitar involucrarse en conflictos de esta naturaleza, razón por la cual decidió buscar una solución legal.

"No me deja trabajar, no me deja en paz. Yo ya pasé por una situación así y las autoridades me advirtieron. Por eso prefiero denunciar", expresó.

El denunciante informó que procederá con la formalización de la queja ante la Fiscalía, con el objetivo de evitar futuras agresiones o incidentes mayores.

Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento.

¿Qué pasará después de la denuncia y qué castigo podría enfrentar la acusada?

Tras la denuncia formal, el Ministerio Público debe iniciar una investigación para determinar la veracidad de los hechos y, de encontrar elementos suficientes, podría presentar un requerimiento fiscal contra la mujer.

En casos de violencia doméstica, amenazas y acoso, el Código Penal hondureño establece sanciones que van desde medidas cautelares como la prohibición de acercarse a la víctima.

Incluso, hasta penas privativas de libertad que podrían variar entre uno y tres años de cárcel, dependiendo de la gravedad del caso y la reincidencia.

Además, si se comprueba que hubo intento de agresión física o psicológica, la imputada podría enfrentar cargos por violencia intrafamiliar.