Diversas reacciones han estallado en las redes sociales tras la declaración de constitucionalidad de la Ley de Amnistía Política, bautizada por la oposición como Pacto de Impunidad 2.0 por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La decisión, tomada por mayoría 10 a 5, ha generado un intenso debate, con numerosos usuarios manifestando su descontento, mientras que otros han expresado su apoyo.
El usuario @mogui68 manifestó su frustración al comentar: “Delincuentes, también los encontramos en la corte”.
Por su parte, @NelsonZ76500343 criticó la elección de los magistrados, señalando: “Hablaron tanto de la corte de JOH y estos salieron peores. Magistrados liberales, así no se hará oposición; deben elegir bien y no mandar magistrados acomodados y vendidos”.
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En una línea similar, @Paisano77508139 se expresó con vehemencia: “¡Magistrados liberales, más corruptos!!! ¿Cuánto recibieron? ¡Malditos sean!”.
Mientras tanto, @cerrato_jamil advirtió que esta decisión podría ser "el tiro de gracia a la CICIH".
Sin embargo, otros usuarios respaldaron la decisión tomada por el pleno de magistrados. El usuario @Gisselamr exclamó: “¡JUSTICIA!”, mientras que @omar_42295 afirmó: “Se cumple a las mayorías”.
Además, @AlfredoVenturaB comentó: “Se hizo justicia para los golpeados en 2009”.
CSJ declara constitucional la Ley de Amnistía Política
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría, declaró sin lugar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Decreto Legislativo 04-2022, que establece la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, conocida como Ley de Amnistía Política.
La votación finalizó con 10 votos a favor y 5 en contra, según Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial.
Los magistrados que apoyaron la ley incluyen a la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, y otros como Mario Díaz y Roy Pineda.
En contra votaron Anny Ochoa, Gaudy Bustillo y otros, todos afines al Partido Nacional (PN).
Esta controversial decisión continúa alimentando el debate sobre la integridad y la independencia del sistema judicial en el país, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a cuestionar el rumbo de la justicia en Honduras.
