Para muchos hondureños, sectores de la sociedad civil, gremios y población en general, las autoridades del gobierno de Honduras se están haciendo de oídos sordos a la exigencia ciudadana de darles fin, porque esto supone un peligro para la soberanía.

Grupos organizados en más de 180 municipios de los 268 que conforman el territorio hondureño, han manifestado su rechazo a estos proyectos, que para muchos solo buscan vender el territorio a cambio de protección e intereses personales.

"No les importa el país. Quiero costas en la costa norte, quieren costas en el sur de Honduras. Quieren aeropuertos sin control, quieren educación sin control, quieren justicia sin control, eso son las ZEDE y eso es lo que tenemos que combatir", recalcó el diputado liberal, Mauricio Villeda.

En ciudades como La Ceiba, Tela, Santa María del Real, Trujillo y cientos de más, mediante cabildos abiertos han decidido darle la espalda a las ZEDE.

"Ni un centímetro cuadrado, ni un milímetro cuadrado de este municipio de La Ceiba, debe ser utilizado para instalar una ZEDE", dijo a Telenoticias de Televicentro Osmar Suazo, miembro del Movimiento Organizado Moso.

A criterio de expertos en política, sociedad y territorio, muchos solo buscan mantener el estatus y protección que les ofrece en la actualidad en poder gubernamental.

"Ese es su negocio más grande; mantener su libertad y su impunidad, pero Honduras, ha dicho, es hora de no ceder (#ZEDER) y no lo vamos a permitir", dijo el analista socio político, Moisés Ulloa.

Libres de ZEDE

Finalmente, la sociedad civil de cada una de las grandes de las ciudades de Honduras, llaman a la población a no dejar de exigir el final de estas zonas.

"Insto a todas las otras ciudades de Honduras donde se está instalando eso, que no desistamos de la lucha, porque vamos a perder nuestra soberanía", expresó Marco Pizzati, miembro de la sociedad civil en La Ceiba.

Pese a que la norma data de 2013, recién en los últimos meses se hizo pública la construcción de infraestructura en varias de estos territorios, localizados en las caribeñas Islas de la Bahía y otros sectores de Honduras.

El gobierno presenta a las ZEDE como una fuente de generación de empleo y promoción de inversiones, en un país en el que más del 70 por ciento de la población vive en situación de pobreza.

De acuerdo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la ley de las ZEDE "violenta el principio de legalidad" e impone "un nuevo Estado dentro del Estado de Honduras".