Jesús Romero no deja de mirar el calendario. Cada amanecer lo acerca más a una fecha que no quiere enfrentar: el 5 de julio. Ese día podría significar el fin del amparo migratorio bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y, con ello, el desmoronamiento de toda una vida construida en Estados Unidos.
En Chelsea, Massachusetts, Jesús intenta mantener la rutina: trabaja desde temprano en un centro agrícola, vuelve a casa, juega con su hija Jayleen, una niña con síndrome de Down, y paga con esfuerzo su educación especial.
Pero desde hace semanas su mente está atrapada en un bucle de miedo y escenarios trágicos.
“Solo pensar que puedo perderlo todo me hace doler el pecho”, confiesa. El TPS, que le dio protección legal durante años, pende ahora de una decisión gubernamental que no llega.
TPS: hilo frágil que sostiene vidas
El Estatus de Protección Temporal se diseñó para proteger a personas provenientes de países en crisis.
Honduras está en esa lista desde 1999. Sin embargo, el silencio del gobierno de Trump sobre su extensión enciende las alarmas.
De no haber una respuesta oficial antes del 5 de julio, se activaría una extensión automática por seis meses.
Pero lejos de ser un alivio, esta prórroga se interpreta como una cuenta regresiva. “Es tiempo para que la gente se prepare para salir del país o busque otra forma legal de quedarse”, explica José Uría, del Comité de TPS en Massachusetts.
Eso sume a miles en un limbo emocional. El caso de Jackey Baiza, de 29 años, es otro reflejo del drama.
Llegó con su madre cuando tenía apenas tres años, tras el paso del huracán Mitch. Desde entonces vive bajo el TPS, renovó documentos, pagó tarifas, construyó una carrera.
Hoy trabaja en recursos humanos, estudia administración de empresas y cuida de su sobrina junto a su hermana. Si pierde el TPS, lo pierde todo.
Hondureños que podrían quedar en la ilegalidad
Jackey teme que su identificación ya no tenga validez para presentar su examen de certificación, que su permiso de trabajo se anule y que su empleo desaparezca de un día para otro.
“Mi ingreso mantiene el apartamento. Sin trabajo, mi hermana y mi sobrina también quedan en riesgo”, dice con la voz quebrada.
La historia se repite en cientos de hogares. Padres, madres, trabajadores que llevan décadas en Estados Unidos, que pagan impuestos, que levantaron familias y que ahora podrían quedar en la ilegalidad.
Lo más triste, no por una falta suya, sino por una decisión política aplazada. Jesús, por ejemplo, dejó Honduras siendo joven, cuando le ofrecieron unirse a una pandilla.
No aceptó. Llegó en busca de dignidad. “Aquí respetan tus derechos. Por eso me quedé. Por eso luché”.
Pero hoy, siente que ese respeto podría terminar abruptamente. “Mi hija no puede entender lo que pasa, pero siente cuando estoy triste. No quiero que me separen de ella. No quiero que mi hija se despierte y su papá ya no esté”, dice Jesús.
¿Y después del 5 de julio qué pasará con el TPS?
Lo que suceda tras la fecha límite es incierto. Algunas organizaciones solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional extender el TPS.
Pero hasta ahora no tienen respuesta. Tampoco el Servicio de Ciudadanía e Inmigración da señales claras.
El temor es que, sin protección vigente, miles de hondureños queden vulnerables a detenciones, deportaciones, pérdida de empleo y la imposibilidad de renovar licencias o identificaciones válidas.
“ICE está haciendo cosas sin precedentes”, advierte Uría. Y el mensaje implícito es claro: no hay garantías de clemencia.
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Cuando el futuro depende de un anuncio que no llega
Algunos beneficiarios del TPS podrían pedir la residencia si tienen hijos ciudadanos estadounidenses y cumplen los requisitos legales.
Pero eso es solo una salida entre muchas puertas cerradas. Por ahora, miles como Jesús y Jackey solo pueden esperar.
Seguirán yendo a trabajar, cuidarán de sus hijos, estudiarán, lucharán. Pero el fantasma del 5 de julio los acompaña.
“Nos tratan como si fuéramos desechables”, dice Jackey. “Y no lo somos. Somos parte de este país. Lo hemos dado todo”.
A días de que se venza el TPS, lo único que reina es el silencio. Mientras las autoridades callan, las familias hondureñas en Estados Unidos resisten con la esperanza intacta.
Porque no se trata solo de documentos. Se trata de vidas reales, de historias de lucha, de padres que no quieren ser arrancados de los brazos de sus hijos.
De jóvenes que no quieren volver a empezar desde cero. Se trata de dignidad.
