“Vivimos con miedo todos los días. No sabemos si mañana nos van a quitar todo por lo que hemos trabajado”, confiesa Marta López, una hondureña amparada bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) desde 1999.
Como ella, otros 55,000 hondureños están protegidos por este mecanismo, que hoy pende de un hilo.
La decisión del gobierno de Estados Unidos sobre su renovación se aproxima y, con ella, la posibilidad de un giro drástico en sus vidas.
El TPS no solo es un salvavidas legal: es el pilar sobre el que miles de familias construyeron un hogar.
En sus casas viven más de 35,000 niños nacidos en Estados Unidos y unos 33,000 adultos ciudadanos estadounidenses.
Para muchos, el fin del TPS significaría la deportación de sus padres, hermanos o cónyuges, y con ello, la fractura de familias que llevan más de dos décadas asentadas legalmente.
Más que números
Los beneficiarios del TPS aportan 1,400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, según el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).
La mayoría son parte activa de la fuerza laboral en sectores clave como construcción, servicios, salud y agricultura.
En 2017, se contabilizaban 43,300 hogares hondureños bajo el TPS, con un ingreso promedio de 40,000 dólares anuales (poco más de un millón de lempiras).
Aunque el 76 % de esos hogares están en o sobre la línea de pobreza, mantenían cierta estabilidad económica y un lazo directo con Estados Unidos como país de vida y trabajo.
El reloj corre
El Estatus de Protección Temporal para Honduras se otorgó por primera vez en 1999, tras el devastador huracán Mitch, y se renueva periódicamente.
Su vigencia actual finaliza el 5 de julio de 2025, y hasta ahora, no hay una decisión oficial sobre su renovación.
Las renovaciones de este permiso es potestad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que evalúa cada 18 meses si las condiciones en el país de origen justifican la protección.
Aunque Honduras enfrenta pobreza, violencia y vulnerabilidad climática, la política migratoria estadounidense es cada vez más restrictiva.
Entre la esperanza y el miedo
El informe del OMIH destaca que la no renovación del TPS no solo implica la deportación de personas, sino la desintegración de familias binacionales.
Ese es un golpe emocional para miles de niños estadounidenses cuyos padres podrían ser expulsados del país.
“¿Qué haré si me deportan y mis hijos se quedan aquí?”, se pregunta con angustia Marvin, un padre de familia que reside en Florida.
Como él, miles de hondureños temen no solo por su estatus legal, sino por la vida de sus hijos, que tendrían que crecer sin sus padres o ser forzados a migrar a un país que no conocen.
De interés: ¿Cuál es la diferencia entre el TPS y el asilo en Estados Unidos?
El Estatus de Protección Temporal (TPS)
Falta poco para que expire el TPS para Honduras, mientras la ansiedad crece en los hogares de quienes han estado por más de 20 años viviendo y trabajando en Estados Unidos.
Mientras las autoridades estadounidenses analizan su decisión, los beneficiarios y sus familias viven en pausa, atrapados entre dos países, sin certeza de un futuro claro.
La historia de los hondureños con TPS no es solo un asunto migratorio, es una historia de humanidad, arraigo, contribución y pertenencia.
Si se cierra esa puerta, miles perderán mucho más que un permiso: perderán su hogar.
