Este miércoles, Francisco Roberto Cosenza Centeno enfrenta uno de los momentos más determinantes de su proceso judicial. Desde las 10:00 de la mañana, el exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional comparece ante la Corte del Distrito Sur de Florida para admitir su responsabilidad en un esquema de sobornos y lavado de dinero que cruzó fronteras y drenó fondos destinados a la seguridad pública de Honduras.
El cambio de declaración, formalizado ante el magistrado juez Edwin G. Torres, abre la puerta para que la Corte programe la audiencia de sentencia, donde se definirá la pena que deberá cumplir.
La decisión también refuerza el caso del Departamento de Justicia contra otros implicados en la red.
La red de sobornos millonarios
De acuerdo con la acusación, la trama se gestó en 2015, cuando la Tasa de Seguridad Poblacional adjudicó a Georgia Company 1, que dirigía el estadounidense Carl Alan Zaglin, un contrato por más de 4.8 millones de dólares (L.126,468,616.80), para suministrar uniformes y accesorios a la Policía Nacional.
Bajo esa operación legítima se escondía un falso “Acuerdo de Intermediación” que encubría pagos equivalentes al 25.4 % del contrato, destinados a funcionarios hondureños.
Parte de esos fondos se desviaron a empresas fachada controladas por Cosenza: la “Compañía Offshore 1” en Belice y la “Compañía de Estados Unidos 1” en Florida.
Cronología del caso Cosenza
El rastro del dinero de la Tasa de Seguridad
Las transferencias que detectaron incluyen pagos por cientos de miles de dólares desde cuentas en Florida a la cuenta 2941 en el Banco de Belice, a nombre de la empresa offshore vinculada a Cosenza.
Correos electrónicos enviados por el intermediario Luis Berkman confirman que el exfuncionario conocía y coordinó el flujo de estos sobornos.
El expediente detalla que entre 2015 y 2017 se emitieron facturas infladas para desviar fondos.
Además, se utilizaron múltiples cuentas para mover fondos que, según la Fiscalía, superan los 10 millones de dólares en contratos bajo sospecha.
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Lo que está en juego para Francisco Cosenza
Con la declaración de hoy, Cosenza asume públicamente su papel en un esquema de sobornos.
Esto compromete la imagen de Honduras y deja al descubierto la vulnerabilidad de los fondos públicos.
La sentencia, cuya fecha será fijada por la Corte, podría implicar una condena prolongada y el decomiso de bienes.
El caso, además, muestra cómo una red internacional de corrupción aprovechó recursos destinados a reforzar la seguridad para enriquecer a sus participantes.
Esto dejó a la población con menos protección y más desconfianza en las instituciones hondureñas.
