El telón se abre este 2 de septiembre de 2025 en una sala federal del sur de Florida. En el centro del estrado está Carl Alan Zaglin, un empresario estadounidense que según la Fiscalía tejió un esquema de sobornos a funcionarios hondureños para apoderarse de más de 10 millones de dólares en contratos con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Lo que comienza hoy no es solo un juicio penal: es una radiografía transnacional del entramado corrupto que infiltró compras clave del Estado hondureño.

El caso deja una estela de pagos ilícitos, empresas fachada y contratos amañados para vestir a la Policía Nacional.

En horas de la tarde de este martes se confirmó que el jurado de este caso ya fue elegido. El jurado será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado escuchando las pruebas presentadas.

Contratos manchados en la Tasa de Seguridad

Zaglin, de la empresa Atlanco, obtuvo dos grandes contratos en 2015 y 2016 para vender uniformes y accesorios tácticos al gobierno de Honduras, específicamente a través del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

Para lograrlo, según la Fiscalía, pagó sobornos a los entonces directores de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, quienes ya se declararon culpables y colaboran como testigos.

La evidencia muestra que los pagos ilegales no fueron una coincidencia: fueron orquestados, disfrazados como comisiones o servicios, y transferidos por canales bancarios internacionales, principalmente a través de un intermediario clave: Aldo Marchena, también procesado y colaborador en el caso.

Más de dos millones lavados para asegurar contratos

La acusación del Departamento de Justicia detalla que Zaglin y sus socios lavaron más de 2 millones de dólares, creando una falsa estructura legal con contratos de corretaje, facturas simuladas y pagos a cuentas en Belice y Estados Unidos.

Los fondos eran desviados bajo conceptos administrativos o de “consultoría”, pero en realidad se usaron para sobornar a funcionarios públicos, asegurar pagos y preparar nuevas licitaciones.

Incluso, cuando en 2019 intentaron ganar un tercer contrato (que no lograron), siguieron prometiendo sobornos.

Parte del dinero fue transferido a una empresa controlada por el vicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, Luis Berkman, otro de los implicados.

Declaraciones, grabaciones, fotografías y correos como pruebas clave

Durante el juicio, el jurado escuchará grabaciones de audio, leerá correos electrónicos enviados desde Florida y examinará resúmenes forenses de cuentas bancarias con flujos financieros.

Además, se presentarán fotografías en las que aparece el exministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, junto a otros ciudadanos hondureños.

Así como imágenes de reuniones que, según la Fiscalía, fueron claves para coordinar la conspiración. Estas pruebas buscan contextualizar el alcance y la estructura del esquema de sobornos.

Además de Cosenza, Molina y Marchena, también testificará Luis Berkman, implicado en otro caso de corrupción en Bolivia.

La Fiscalía también presentará a una experta en derecho penal hondureño para explicar cómo los delitos cometidos violan tanto leyes estadounidenses como hondureñas.

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Un caso que desnuda el costo de la impunidad

Aunque hoy es Zaglin quien se sienta en el banquillo, el caso revela un patrón más amplio: la facilidad con la que actores extranjeros y locales pueden corromper estructuras estatales débiles a cambio de beneficios económicos.

El uso irregular de los fondos de la Tasa de Seguridad, creada para combatir el crimen y fortalecer las instituciones, demuestra cómo hasta los recursos destinados a proteger a la población fueron secuestrados por las redes de corrupción.

El juicio que inicia hoy en Miami no solo definirá la culpabilidad de Carl Zaglin. También pondrá a prueba la capacidad de la justicia internacional para sancionar a quienes, desde oficinas ejecutivas o escritorios públicos, hicieron de la corrupción un negocio transnacional.

El veredicto marcará un antes y un después. Mientras en Honduras aún se espera que se investigue internamente a los funcionarios implicados.

En Estados Unidos ya hay un proceso en marcha que busca poner fin a una red que lucró con los recursos del pueblo hondureño.