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En su veto, la mandataria hondureña argumentó que esta normativa no cumplía su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes.
Uno de los sectores que mostró su respaldo a la determinación de Castro fue la Iglesia evangélica, a través de Gerardo Irías, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT).
Irías elogió la "humildad" de la presidenta Castro y expresó su agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, considerando que fue la intervención divina la que permitió el veto de la ley.
"Queremos bendecir la vida nuestra señora presidenta, que, con humildad, reconoció que esta ley atentaba contra nuestros hijos y decidió vetarla", indicó.
Y agregó: "sabemos que, si no hubiese sido por nuestro Padre Celestial, esta ley no se habría vetado".
Asimismo, el líder religioso reconoció la labor del Movimiento Por Nuestros Hijos, que durante varias semanas se movilizó en las principales ciudades del país en oposición a la normativa aprobada por el Legislativo.
Según él, estas organizaciones, así como algunos sectores políticos conservadores, la Iglesia católica, los medios de comunicación y los padres de familia, también fueron parte importante de esta "gran bendición”.
La Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente fue aprobada por el Congreso Nacional el 8 de marzo, pero, tras ello, grupos religiosos sostuvieron que promovía la ideología de género y solicitaron a la presidenta Xiomara Castro que la vetara.
Un problema con soluciones pendientes
Sin embargo, el problema del embarazo adolescente en Honduras es grave, a pesar de las opiniones en contra de la ley. Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que aproximadamente uno de cada cuatro embarazos en el país corresponde a menores de 18 años.
La tasa de embarazos adolescentes en Honduras es alarmante, con 89 casos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, una cifra bastante superior al promedio regional de 61 por cada 1,000.
La posición de la Iglesia católica y la Iglesia evangélica es contundente, pero también es evidente que el problema del embarazo adolescente no puede ser ignorado.
"Hay 160,000 embarazos en adolescentes y al momento de hacer una nueva ley deberemos reconocer que todos hemos fallado (…) Iglesia, escuelas, colegios y Estado al considerar estos temas un tabú", manifestó el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.
El legislador urgió al sistema de operación de justicia, comprendido por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, a "buscar a los abusadores y castigarlos ejemplarmente”, y a la Secretaría de Educación a "educar a los menores".
Aseguró que algunos padres de familia argumentan que "ellos educan a sus hijos como ellos quieren".
"Si seguimos como hasta ahora, seguirán las niñas pariendo niñas (…) el problema se está saliendo de control", concluyó.
La vetada ley pretendía "brindar información precisa, actualizada y adecuada a cada etapa del desarrollo de los menores acerca de los distintos aspectos involucrados con la sexualidad".
El Congreso Nacional, bajo el acompañamiento de las secretarías de Salud y Educación, podrá socializar con todos los sectores involucrados una nueva normativa enfocada a prevenir el embarazo adolescente, dictaminarla y aprobarla.
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