A Elda la mataron en su propia casa. A sus hijos les dijeron que fue “un lío de maras”. A su hermana, que “andaba en cosas raras”. Pero ninguna de esas versiones encajó con la vida de una mujer que vivía con miedo, que denunció amenazas y que suplicó protección en un país donde reina la impunidad.
Como ella, más de 230 mujeres murieron violentamente en Honduras en 2024. Pese a esta cifra escalofriante, el sistema judicial emitió solo 275 condenas por femicidio en cinco años.
Una justicia que llega tarde… o nunca
En Honduras, cada muerte de mujer es una alarma que el Estado ignora. Mientras las cifras de violencia crecen, la respuesta institucional sigue anclada en la lentitud, los prejuicios y la burocracia.
Para Lara Bohórquez, defensora de derechos humanos, el problema no es solo de cifras: es estructural.
“No se investiga con enfoque de género, y eso permite que la impunidad se instale desde el inicio. Muchos crímenes ni siquiera se tipifican como feminicidios, aunque lo sean”, señala.
Uno de los primeros obstáculos aparece justo después del crimen: el levantamiento del cuerpo.
En muchas comunidades no hay médicos forenses ni condiciones adecuadas, y es la Policía Nacional —sin formación en violencia de género— la que se encarga de recolectar las evidencias.
En ese primer paso ya se diluye la posibilidad de justicia.
Impunidad en femicidios
Pero la impunidad no solo se teje después del asesinato. Se construye desde el momento en que una mujer se atreve a denunciar.
En 2024, se registraron más de 12,000 denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar, pero solo una mínima parte, el 22 %, tuvo evaluación clínica forense, requisito indispensable para avanzar en tribunales.
“Muchas mujeres son revictimizadas cuando denuncian. El sistema las hace sentir culpables, las confunde o simplemente deja que sus casos prescriban”, denuncia Bohórquez.
Y mientras tanto, los agresores reinciden. Las medidas cautelares se incumplen, la vigilancia es deficiente y la ley parece hecha para darle tiempo al victimario, no para proteger a la víctima.
Para Bohórquez, la actual Ley de Violencia Doméstica prioriza la reeducación del agresor por encima de la seguridad de la mujer.
El Estado de excepción no protege a las mujeres
Desde 2022, el país vive bajo un estado de excepción que se renueva una y otra vez con la promesa de reducir el crimen.
Aunque se reporta una leve disminución en femicidios, otras formas de violencia, como el abuso sexual y las desapariciones, no han dejado de crecer.
“El estado de excepción no tiene enfoque de género. Se vulneran derechos fundamentales con el pretexto de seguridad, pero sin proteger realmente a las mujeres”, advierte la activista.
Esta estrategia, sostiene, refuerza un modelo punitivo y masculino de la seguridad pública, donde las mujeres siguen sin ser prioridad.
“No se puede hablar de seguridad mientras las mujeres siguen desapareciendo, siendo violentadas o asesinadas sin consecuencias para sus agresores”.
De interés: Misma violencia, mismo patrón: ser mujer en Honduras sigue siendo letal
Una impunidad que mata todos los días
Las 275 condenas por femicidio en cinco años no son justicia. Son apenas migajas frente a una realidad desbordada.
En Honduras, ser mujer y alzar la voz puede costar la vida. Y aun muertas, el sistema insiste en callarlas, archivarlas, ignorarlas.
Mientras tanto, madres, hermanas e hijas siguen buscando respuestas. La impunidad se convierte en costumbre, en política de Estado, en silencio institucional.
Porque cuando un país permite que el femicidio quede impune, lo que está diciendo, sin palabras, es que el cuerpo de una mujer no vale nada.
