Los influencers con ingresos capaces de financiar vehículos, propiedades y otros bienes están abriendo un desafío para un sistema hondureño que, según expertos, todavía intenta vigilar el dinero digital con mecanismos diseñados hace 15 o 20 años.
El problema no está en ganar dinero en redes sociales ni en exhibirlo. La alerta aparece cuando las autoridades necesitan comprobar cuánto produjo realmente una persona mediante plataformas digitales.
Quieren ver cómo ingresaron esos recursos al país y si existe correspondencia entre esos ingresos y el patrimonio que posteriormente declara o adquiere.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), considera que cerrar esos vacíos debería ser un asunto de “especial interés” para el Gobierno.
"Particularmente cuando el combate contra el lavado de activos figura entre sus prioridades", dijo.
Su planteamiento no parte de considerar sospechosos a todos los creadores de contenido.
Apunta hacia otro problema: el dinero cambió de ruta, pero los mecanismos para seguirlo no necesariamente avanzaron a la misma velocidad.
De interés: Influencers, criptomonedas y efectivo: combinación que preocupa al MP
Influencers y un sistema que quedó atrás
Las plataformas digitales llevan años generando nuevas fuentes de ingresos en Honduras.
Creadores de contenido pueden recibir pagos provenientes del extranjero, monetizar audiencias y convertir su exposición digital en una actividad económica capaz de generar importantes cantidades de dinero.
Castañeda sostiene que, frente a esa realidad, Honduras conserva mecanismos que datan de hace “15 o 20 años” y carece de figuras específicas que permitan dar seguimiento efectivo a parte de esos nuevos ingresos.
“Incluso ellos mismos públicamente lo dicen a diario de cuánto llegan a percibir solo a través de estas plataformas digitales. Entonces, sí es un tema que yo creo que, si es de especial interés, debería de ser de especial interés para el Gobierno”, manifestó.
La discusión cobra mayor relevancia cuando esos recursos dejan de ser únicamente una cifra mostrada en redes y se convierten en patrimonio.
Una persona puede adquirir bienes muebles o inmuebles y argumentar que el dinero proviene de sus actividades digitales.
El desafío para el sistema será tener las herramientas necesarias para verificar que esos ingresos efectivamente existen y corresponden con los movimientos económicos realizados
Del video viral a seguir la ruta del dinero
Para Castañeda, instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Ministerio Público y otras entidades vinculadas al sistema financiero deberían establecer una política para identificar y dar seguimiento a quienes reciben ingresos mediante estas plataformas.
Eso también plantea un reto para una eventual investigación penal. El Ministerio Público necesitaría determinar los ingresos recibidos.
Además, analizar movimientos de cuentas y establecer hasta dónde las compañías propietarias de las plataformas digitales están dispuestas —o legalmente obligadas— a colaborar con la justicia hondureña cuando se requiera información.
Seguir la pista significa poder comprobar de dónde salió el dinero y reconstruir su recorrido.
Castañeda planteó incluso la conformación de una mesa técnica que defina mecanismos de control frente a una actividad económica que continúa creciendo.
“Debería de ser de especial interés para el Gobierno”, insistió.
El riesgo: que el crimen encuentre una puerta
La preocupación de ASJ va más allá de los influencers que generan legítimamente sus ingresos.
Castañeda advirtió que las plataformas digitales tienen dos características: facilidad de acceso y una enorme cantidad de consumidores.
Es precisamente allí donde coloca la alerta sobre lavado de activos. "El crimen organizado busca constantemente mecanismos que permitan mover, introducir o aparentar legalidad sobre recursos provenientes de actividades ilícitas".
Si el Estado no tiene capacidad suficiente para verificar determinados ingresos digitales, ese vacío puede convertirse en una vulnerabilidad.
“El riesgo”, según Castañeda, está en que Honduras todavía no cuente con mecanismos suficientes para seguir adecuadamente el movimiento del dinero generado alrededor de estas plataformas.
Por eso considera necesario encontrar “el mejor mecanismo” para supervisar esos recursos y reducir la posibilidad de que los espacios digitales los utilicen personas vinculadas al crimen organizado.
CNBS: “No es contra nadie en particular”
Desde la CNBS ponen un freno a cualquier interpretación de que se estaría preparando una vigilancia dirigida exclusivamente contra los influencers.
Gustavo Sólórzano, comisionado de la CNBS, explicó a tunota.com que seguir la pista del dinero forma parte de una discusión mucho más amplia relacionada con la reforma a la Ley de Lavado de Activos.
“No es contra nadie en particular, es gestión de riesgo y es para todos”, afirmó.
La precisión resulta importante: el crecimiento patrimonial, tener ingresos elevados o ganar dinero mediante plataformas digitales no constituye por sí mismo evidencia de lavado de activos.
El punto está en la capacidad que tenga el sistema para determinar el origen de los recursos cuando corresponda hacerlo.
Es aplicar los controles bajo criterios de riesgo, independientemente de si el dinero proviene de actividades digitales, negocios tradicionales u otras fuentes.
Fortunas digitales frente a controles de otra época
La discusión tampoco es exclusivamente hondureña, el crecimiento de la economía de los creadores de contenido obligó a autoridades financieras, fiscales y de inteligencia de distintos países a prestar atención a nuevas formas de generar y mover recursos-
En Honduras, la advertencia de ASJ coloca el foco precisamente sobre esa brecha y mientras las plataformas evolucionaron, aparecieron nuevas maneras de cobrar.
Y algunos creadores convirtieron millones de reproducciones en negocios y patrimonio.
Los mecanismos estatales para seguir la ruta de esos recursos no necesariamente evolucionaron al mismo ritmo.
El verdadero agujero aparece cuando llega la pregunta que todo sistema contra el lavado debería responder: de dónde salió el dinero y si existe una ruta verificable capaz de demostrarlo.
Lea también: EE. UU. lanza las primeras carreras para influencers
