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Honduras enfrenta un momento delicado en materia de seguridad. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió que, sin una hoja de ruta clara, técnica y aplicable, el país corre el riesgo de perder terreno en la lucha contra la criminalidad.
El llamado no surge de una percepción aislada, sino de un informe que expone señales mixtas en los indicadores de violencia.
Por un lado, la Dirección de Seguridad y Justicia de la ASJ reconoce que desde 2022 se registra una reducción acumulada del 42.3 % en los homicidios.
Pero, por otro lado, la “primera fotografía” de 2026 muestra un dato inquietante: entre el 1 de enero y el 10 de abril se contabilizaron 624 homicidios, un 5.05 % más que en el mismo período de 2025.
Ese incremento, aunque todavía no borra la caída acumulada de los últimos años, sí rompe la sensación de mejora sostenida y abre una interrogante incómoda:
¿Qué tan sólidos eran realmente los avances si, al retirarse las medidas excepcionales, la violencia vuelve a dar señales de repunte.
De interés: Penas más duras no bastan: expertos marcan fallas en seguridad
Seguridad: el crimen no está en todas partes, pero sí donde más golpea
Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que la criminalidad se concentra en apenas 16 municipios.
Para la ASJ, ese dato desmonta la lógica de aplicar políticas generalizadas en todo el país y evidencia que muchas de las respuestas estatales han sido costosas, dispersas e ineficientes.
La organización plantea que Honduras necesita una focalización territorial inteligente.
En otras palabras, no se trata solo de desplegar más policías o ejecutar más operativos, sino de intervenir con precisión en los puntos críticos, combinando presencia estatal, investigación criminal, acciones preventivas y respuestas sociales.
El informe insiste en que el problema no puede abordarse únicamente desde la represión.
Comprender cómo operan las estructuras criminales en cada zona, qué factores socioeconómicos facilitan su expansión y qué vacíos institucionales aprovechan es clave para contener delitos como el homicidio y la extorsión.
Sin recursos, los planes no pasan del papel
La ASJ también pone el dedo en una de las fallas más persistentes del Estado hondureño: la distancia entre lo que se aprueba y lo que realmente se ejecuta.
Aunque el presupuesto ya se autorizó, los recursos todavía no llegan a las instituciones responsables de implementar la estrategia de seguridad.
Ese retraso, según el informe, deja a las nuevas autoridades —que apenas suman dos meses en el cargo— en una posición débil frente a una criminalidad que no espera reacomodos administrativos.
Sin financiamiento oportuno, cualquier plan termina siendo “papel mojado”, incapaz de traducirse en acciones inmediatas en el territorio.
Más decomisos no significan más seguridad
La ASJ reconoce avances concretos en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en la incautación de piedras de crack y gramos de cocaína.
Sin embargo, también deja claro que esos resultados operativos no se reflejan en una reducción directa de la violencia homicida.
Ni tampoco es notoria en una mejora de la percepción ciudadana sobre la seguridad. Ese contraste revela uno de los grandes problemas de la política criminal en Honduras.
Medir el éxito por la cantidad de droga decomisada o por el número de capturas puede ser útil en el discurso oficial, pero no necesariamente cambia la vida cotidiana de la población.
Cifras verificadas, decisiones urgentes
Otro punto que la organización subraya es la confiabilidad de los datos. Según el informe, las estadísticas de violencia de 2026 sí fueron verificadas técnicamente.
A diferencia de las reportadas en 2025, que no contaron con el respaldo del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
En un país donde las cifras suelen convertirse en terreno de disputa política, contar con datos técnicamente respaldados permite interpretar con mayor seriedad lo que ocurre.
Pero, sobre todo, diseñar políticas públicas basadas en evidencia y no en percepciones o triunfalismos prematuros.
El mensaje de fondo es directo: Honduras no puede seguir improvisando su política de seguridad.
Sin planificación, sin focalización territorial, sin recursos oportunos y sin instituciones capaces de sostener una estrategia más allá de medidas extraordinarias, el país seguirá atrapado entre avances frágiles y retrocesos latentes.
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