En un contexto de desafíos políticos y sociales, el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) presentó un informe que pinta un panorama desolador para la prensa en Honduras.
El documento, respaldado por la organización Artículo 19, revela que entre 2023 y 2024 los ataques contra periodistas y medios de comunicación se intensificaron.
Esto agrava el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo y garantizar el acceso a la información.
Violencia en aumento
El informe identifica que las amenazas, la intimidación y las restricciones en internet se convierten en los principales tipos de violencia contra la prensa.
En este período, 64 medios de diferentes regiones del país fueron blanco de algún tipo de agresión, afectando a periodistas con diversas líneas editoriales.
Además, se señala que la criminalización, persecución judicial y asesinatos son patrones que persisten, evidenciando una estrategia sistemática para silenciar voces críticas.
La situación se agrava con los cinco asesinatos de periodistas reportados durante el periodo de evaluación, casos que permanecen en la impunidad.
Impunidad
Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de avances significativos en las investigaciones de asesinatos contra periodistas.
Según el informe, los altos niveles de impunidad no solo perpetúan la violencia, sino que envían un mensaje de desprotección para quienes ejercen su labor de informar.
Esta falta de justicia no solo vulnera los derechos de los comunicadores, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada, un pilar esencial para cualquier democracia funcional.
Discursos estigmatizantes
El informe también hace un llamado a las autoridades y funcionarios públicos para que cesen los discursos estigmatizantes contra periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos.
Estas declaraciones, lejos de ser inocuas, exponen a quienes las sufren a mayores riesgos y buscan inhibir la crítica y la fiscalización de temas de interés público.
Desde Artículo 19 y C-Libre se insiste en la necesidad de que Honduras adopte los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información.
El actuar de los funcionarios públicos aseguran que debe alinearse con normativas de derechos humanos, convirtiéndose en garantes de derechos, no en agresores.
El informe resalta que salvaguardar la libertad de prensa es fundamental para proteger la democracia hondureña.
Especialmente en un momento en el que el país enfrenta retos cruciales para su futuro.
Las palabras deben transformarse en acciones, y las agresiones en justicia, porque silenciar a la prensa es silenciar a toda una nación.
