El Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial en Materia Penal de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento contra diez personas, nueve de ellas exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), acusadas por el delito de malversación por apropiación agravada continuada en perjuicio de la institución.
Los acusados son Pedro Arnaldo Pinto, Luis Gustavo Lara Godoy, Nelvis Concepción Funes Sánchez, Carla Lorena Gallegos, Fausto Alexis Nieto Rovelo, Hulda Argentina Meza Lagos, Santos Elio Rosa Miranda y Gricelda Margoth Banegas Laínez.
Asimismo, se imputó a Francisco Javier Pon Muñoz y Walter Arismendis Castro Rodríguez. Todos ellos están señalados por el mismo delito.
¿Qué fue lo que hicieron?
Según la investigación, los imputados, en conjunto con miembros del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) y un contratista, se habrían confabulado para desviar fondos del Inprema bajo el pretexto de construir un edificio en Tegucigalpa.
Para ello, autorizaron dos préstamos por montos muy superiores a los permitidos: uno por 45 millones 964 mil 541.13 lempiras (cuando solo se debía autorizar por 25 millones 232 mil 444) y otro por 62 millones 904 mil 791.28 lempiras (cuando correspondían 34 millones 964 mil 772 lempiras).
Estas acciones permitieron el desvío de fondos del Inprema y del Estado de Honduras para la construcción de un edificio cuyo valor real se estima en 55 millones 501 mil 280.50 lempiras.
La audiencia preliminar fue programada para el martes 20 de mayo, donde el Ministerio Público presentará más pruebas que refuercen el caso.
¿Qué es el Inprema?
El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) es una institución autónoma del Estado de Honduras, creada con el propósito de garantizar la seguridad social de los docentes del sistema educativo nacional.
Su función principal es administrar los fondos de previsión social del magisterio, ofreciendo beneficios como jubilaciones, pensiones, cesantías, auxilios por muerte y otros servicios que aseguren una vida digna a los maestros al final de su carrera laboral.
El Inprema se financia con las aportaciones de los docentes activos, por lo que su gestión debe ser transparente y responsable. Su correcta administración es clave para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones del magisterio, ya que miles de maestros dependen de esta institución para recibir sus prestaciones y apoyos económicos tras años de servicio a la educación del país.
