La elección de magistrados interinos para conformar el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en el período 2023-2030, es una posibilidad fuerte que según analistas asoma al vencer su período los actuales magistrados.

La comisión permanente del Congreso Nacional extendió hasta el miércoles 6 de diciembre de 2023 el proceso para convocatoria de postulantes al TSC.   

Pero la paralización legislativa impide que en el pleno tal como lo determina la ley se haga la elección, por lo que se teme que de nuevo la Comisión Permanente del Congreso Nacional, elija a los interinos.

"Es un hecho que la dirigencia de Libre decidió hacer a un lado el Estado de Derecho y la propia ley en función de que los considera de interés secundario frente a su proyecto político", dice Raúl Pineda Alvarado.

Los arreglos y acuerdos que no se alcanzaron obligaron al Partido Libertad y Refundación (Libre), a utilizar la vía del poder, la fuerza, para ejercer parte del proyecto que según Pineda Alvarado busca el control del andamiaje gubernamental.

"Lo más probable es que la comisión permanente sin tener el requisito de ausencia absoluta desconozca la existencia del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso y proceda a la elección de los nuevos magistrados del TSC, de su conveniencia", aseguró.

El nombramiento de magistrados interinos es una figura que también visualiza el analista Luís León, quien dice que al hacer la crissis se agudizará.

"Se va a agudizar la crisis política que hay y sobre todo generará la imposibilidad total de un diálogo y eso pone compleja la situación en enero de 2024, cuando hay que elegir o ratificar una Junta Directiva que pasa por cerrar una sesión abierta", explica León.

Los actuales magistrados del TSC vacarán en sus funciones este 6 de diciembre, pero al parecer no hay un acuerdo en torno a quiénes serán sus sucesores.

¿Negociaciones?

Para el analista Lester Ramírez, lo que pasa en el Congreso es un tema de negociación, quieren asegura presionar al Partido Nacional.

Quieren, según, Ramírez que acepten dejar de forma permanente el fiscal interino Johel Zelaya y con eso dejar de entablar requerimientos fiscales contra personalidades de ese partido.

Eso va a permitir después que se desentraben las elecciones pendientes como la de los magistrados del TSC.

"Parte de la negociación es que dejen a Johel Zelaya y que el Partido Nacional ponga a alguien en el Ministerio Público y que no se hagan mayores requerimientos e investigaciones", señala.

Según Ramírez, parte de las negociaciones incluyen la segunda legislatura y que cada partido lleve la nómina de las personas que colocarán en los cargos que están vacando.

"Buscarán la nómina que no tenga ningún tipo de veto por el Partido Nacional y el Partido Liberal. Que sean votaciones que impliquen unanimidad en torno a los votos que se requieren y así se van a resolver las elecciones pendientes", señala.

Pero este es un escenario optimista que no comparte Luís León, porque asegura que es el escenario menos probable.

"Sé que están en diálogos y en ese acuerdo definen cuál va a ser el futuro del Ministerio Público, pero sería rehacer lo hecho y es riesgoso. Me inclino a que vamos a una crisis política muy fuerte en enero", advierte León.

Para el analista los políticos de todos los partidos están en medio de dos espadas. "Si no ratifican a Johel Zelaya y Mario Morazán, los van a seguir requiriendo.

"Es penoso porque se usan herramientas políticas. Pero si lo ratifican también, no hay garantía de que no lo van a seguir haciendo porque el antecedente de Libre es no cumplir acuerdos" señaló.

El 1 de noviembre de 2023, nueve diputados que integran la Comisión Permanente en el Congreso Nacional eligieron al fiscal general Johel Zelaya y al adjunto Mario Morazán.

Vía de poder

Oliver Erazo, abogado y analista dice a tunota.com que la matriz interpretativa que hace la JuntaDirectiva del Congreso Nacional, la que hace uso de fuerza y poder, plantea escenarios de imposición.

"Van a querer elegir a tres magistrados y probablemente de filiación de Libre y eso no extrañaría. Estamos ante un escenario de la ejecución de poder para concentración del poder y una violación nueva de la Constitución", señala.

"Estarían avalando una inconstitucionalidad si participan, por eso hay que ver el papel del Partido Liberal. Si el Partido Liberal participa, se entierra políticamente", señala.

Negociar en este punto es para Erazo aceptar que cometieron delitos.

Crisis

La lucha es de legalidad e ilegalidad y en una lucha de legitimidades e ilegitimidades bien complejas.

"Los políticos hondureños no están preparados para manejar escenarios como el que tenemos en este momento. Nunca en la historia de los 40 años de democracia hemos estado en esta posición", lamenta Luís León.

Asegura que no hay experiencia para manejarlo, porque tenemos políticos con muy poca capacidad política.

"El oficialismo quiere imponerse, la oposición se quiere imponer y si los dos quieren tener la razón nadie la va a tener. El primer trimestre del 2024 no va a ser nada fácil. Si habrá una crisis en la que el Estado de Honduras se va a paralizar. Hay que prepararse para escenarios complejos", concluyó.

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