Una captura puede cerrar un operativo, pero no necesariamente desmantelar la estructura que hizo posible el delito, uno de los grandes desafíos de la justicia hondureña.
Detrás de un responsable pueden existir otros que planifican, organizan o se benefician de la actividad criminal.
Ese es uno de los desafíos que enfrenta la justicia hondureña y que especialistas nacionales e internacionales pusieron sobre la mesa durante un conversatorio celebrado en Tegucigalpa.
El planteamiento apunta a cambiar la manera de investigar: dejar de abordar los delitos únicamente como hechos aislados y avanzar hacia investigaciones capaces de identificar patrones, conexiones y responsabilidades dentro de las estructuras criminales.
La discusión también abrió otro frente: cómo medir los resultados de la persecución penal sin limitarse a contar expedientes tramitados o personas procesadas.
El conversatorio contó con la participación de Claudia Herrmannsdörfer, del Equipo Jurídico de los Derechos Humanos (EJDH), y Hernando Toro, ex vicefiscal general de Colombia.
También participaron Luisa Obando, exfiscal para la Seguridad Territorial de Colombia, y Joaquín Mejía, integrante del ERIC-SJ y del Equipo Jurídico de los Derechos Humanos (EJDH).
De interés: OABI tiene L1,200 millones para distribuir entre instituciones de justicia y seguridad
La justicia hondureña y el desafío de investigar a quienes están detrás
El encuentro, denominado "Hacia una política de persecución penal con enfoque de derechos humanos", se desarrolló el 15 de octubre de 2026.
Lo organizó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
La actividad la financió la Unión Europea y reunió a especialistas, operadores de justicia, representantes de la sociedad civil, académicos y miembros de la comunidad internacional.
Los participantes coincidieron en la necesidad de orientar las investigaciones hacia las estructuras responsables de los delitos, sin perder de vista la protección de las víctimas.
Para la justicia hondureña, ese planteamiento representa el desafío de construir investigaciones que permitan comprender la dimensión de los delitos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Los expedientes no cuentan toda la historia
Uno de los señalamientos más importantes surgió de Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH en Honduras, quien cuestionó que los resultados se valoren únicamente mediante cifras de actividad judicial.
Su planteamiento fue que una política de persecución penal debe evaluarse por su capacidad para proteger a las víctimas, combatir la impunidad y desarticular estructuras criminales.
También destacó la importancia de fortalecer la confianza ciudadana y evitar que las violaciones de derechos humanos vuelvan a repetirse.
El problema de investigar cada delito por separado
Monge también advirtió sobre la necesidad de superar las investigaciones fragmentadas y el tratamiento de casos aislados.
Cuando los hechos se investigan sin examinar posibles conexiones, puede resultar más difícil identificar patrones de actuación y determinar si existen responsabilidades adicionales.
Una investigación estratégica, según el planteamiento expuesto, debe permitir establecer quiénes organizan, promueven o se benefician de los delitos.
Ese enfoque busca alcanzar a las redes que sostienen la criminalidad y no limitar la respuesta penal a los hechos individuales.
Sin embargo, identificar esas conexiones exige investigaciones sustentadas en pruebas y respetuosas del debido proceso.
La discusión no estableció que todos los delitos respondan a estructuras organizadas, sino que destacó la importancia de reconocerlas cuando existan elementos para investigarlas.
Las víctimas, el otro rostro de la impunidad
La persecución penal no solamente enfrenta el desafío de identificar responsables. También debe ofrecer respuestas oportunas a quienes sufrieron los delitos.
Durante el conversatorio, los participantes insistieron en que la atención a las víctimas debe ocupar un lugar central dentro de las investigaciones.
El problema adquiere especial relevancia ante las dificultades de acceso a la justicia que persisten en Honduras.
En su informe anual, OACNUDH señala obstáculos estructurales que impiden obtener respuestas oportunas y efectivas, una situación que afecta tanto a las víctimas como a sus familias.
Estas dificultades también deterioran la confianza de la población en las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos.
¿Qué tendría que cambiar en la justicia hondureña?
Los planteamientos del conversatorio apuntan hacia una persecución penal capaz de conectar hechos, reconocer patrones y establecer responsabilidades más allá de los casos individuales.
También proponen evaluar los resultados por su impacto en la protección de las víctimas, la reducción de la impunidad y la prevención de nuevas violaciones.
No obstante, el encuentro no anunció una reforma aprobada ni presentó un calendario para implementar una nueva política de persecución penal en Honduras.
Tampoco se divulgaron cifras que permitan determinar cuántas investigaciones han logrado identificar y procesar a responsables de estructuras criminales.
Lo expuesto constituye una discusión sobre los cambios necesarios para fortalecer el sistema de justicia, no una evaluación estadística de sus resultados actuales.
Para la justicia hondureña, el desafío planteado es tan complejo como decisivo: investigar los delitos sin perder de vista las estructuras que podrían estar detrás.
Una captura puede representar un avance contra el crimen, pero no necesariamente permite identificar a todos los responsables de un delito.
Establecer quiénes lo hicieron posible y ofrecer justicia a las víctimas exige investigaciones que lleguen mucho más lejos.
Lea también: Advierten cárcel a operadores de justicia que colaboren con grupos terroristas
