La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Copán, Isis Cuéllar, fue suspendida oficialmente del cargo, según notificó el Congreso Nacional la noche del martes 5 de abril.

Cuellar enfrenta un proceso judicial por el caso Sedesol, en el que se le acusa a ella, al exministro de la secretaria de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, y otros empleados de la institución por desviar fondos para fines políticos.

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La suspensión fue ordenada por los tribunales de la República en el marco del 'Caso Chequesol'.

Tras recibir la notificación oficial, el Legislativo procedió a acatar de inmediato la resolución judicial, separando a Cuéllar de sus funciones mientras se desarrolla el proceso y se emite una sentencia definitiva.

“Se encuentra notificado el Congreso la suspensión de la compañera diputada por Copán, Isis Cuellar, por orden de los tribunales de la República”, confirmó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

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¿Quién va a sustituir a Isis Cuéllar?

Para garantizar la continuidad de la representación legislativa de Copán, el pleno aprobó la incorporación de la diputada Gabriela Alejandra López Dubón, quien asumió como propietaria a partir de este 5 de mayo.

La Secretaría del Congreso fue instruida para realizar los trámites administrativos correspondientes, incluyendo la actualización en el registro de asistencia y el ajuste de honorarios.

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¿Qué es el caso 'Chequesol'?

Es una investigación por corrupción en la Sedesol que involucra a la diputada Isis Cuellar, al exministro José Carlos Cardona y al menos 10 funcionarios más.

El Ministerio Público señala un fraude superior a 6 millones de lempiras provenientes de fondos públicos destinados a programas sociales. Estos recursos habrían sido desviados para fines políticos, incluyendo actividades de campaña del partido oficialista Libre. En total, se les imputaron inicialmente 67 delitos de fraude, aunque luego fueron agrupados bajo la figura de fraude continuado.

La investigación tomó fuerza tras la filtración de un video donde Cuellar y Cardona supuestamente reconocen el uso de fondos públicos con fines políticos.

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