Este día se celebró la audiencia inicial en contra del gerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, quien a su salida durante un receso habló sobre el dinero de miles de aportantes.

"Vamos avanzando poco a poco. Vamos muy bien gracias a Dios. Lo mejor espero. Espero entregar el dinero a los aportantes, vamos a entregar el dinero", fueron las palabras del gerente de Koriun en Choloma.

Con una actitud calmada y esperanza en su voz, Velásquez respondió brevemente a la prensa que lo abordó mientras era escoltado por agentes de seguridad. Su presencia en el tribunal responde a la acusación por lavado de activos en uno de los casos financieros más escandalosos de la última década en Honduras.

La audiencia, que inició a las 8:30 de la mañana, marca un punto clave en el proceso legal. El Ministerio Público presentó avances de la investigación que involucra no solo a Velásquez, sino también a su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez.

Caso Koriun Inversiones

El caso se destapó el pasado 23 de abril en un operativo coordinado por la FESCCO, la ATIC y la Policía Nacional, que incluyó allanamientos simultáneos en varias ciudades, entre ellas Tegucigalpa, Copán y Santa Bárbara.

Durante los cateos, las autoridades encontraron más de 358 millones de lempiras en efectivo ocultos en condiciones rudimentarias: cajas, bolsas y gavetas.

También se congelaron más de 69 millones en cuentas bancarias, las cuales ya fueron descongeladas para la devolución del dinero.

El golpe financiero ha sido devastador para más de 35,000 personas que confiaron sus ahorros en la empresa, atraídos por promesas de rendimientos elevados. Tras el allanamiento, cientos de ciudadanos se volcaron a las sedes de Koriun, exigiendo explicaciones y la devolución inmediata de sus fondos.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Koriun operaba bajo un esquema piramidal, donde los fondos de nuevos aportantes se usaban para pagar a inversionistas antiguos. Un modelo que, además de ser insostenible, es ilegal.

A esto se suma que el Servicio de Administración de Rentas (SAR) reveló que la empresa jamás presentó declaraciones fiscales ni pagó impuestos en los siete años que funcionó.

Pese a sus declaraciones optimistas, el proceso judicial continúa, y para miles de hondureños, la incertidumbre sigue siendo la única respuesta.