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Joaquín Mejía Rivera, abogado y experto en Derechos Humanos analiza la elección interina del fiscal general Johel Antonio Zelaya y el fiscal adjunto Mario Alexis Morazán.
Mejía en la cuenta de X, expone varios aspectos para analizar la legalidad o ilegalidad en esa elección.
La primer pregunta que hace el abogado es: ¿El Congreso Nacional clausuró su período de sesiones o lo prorrogó mediante una resolución discutida y votada por mayoría simple a iniciativa de uno o más de sus miembros, o a solicitud del Poder Ejecutivo, tal como lo establece el artículo 189 constitucional?
Y responde: "sí se prorrogó, entonces todo lo realizado es ilegal. Pero si la respuesta es que sí se clausuró, según el artículo 207 de la Constitución de la República, la directiva del Congreso puede designar de su seno a 9 miembros propietarios y sus suplentes para formar una Comisión Permanente".
La comisión permanente
Ante la interrogante de ¿la Comisión Permanente puede elegir interinamente a las personas titulares del Ministerio Público?
Según el artículo 208 numeral 11, sí, pero con dos condiciones: la primera. que exista una vacancia absoluta y la segunda, que sea de forma interina.
"La primera condición es la clave y, por tanto, la pregunta fundamental pasa a ser si ¿al cumplir los 5 años al frente del Ministerio Público, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián vacaron en sus cargos a la luz del artículo 233 de la Constitución?
Y responde: "he escrito dos análisis en los que abordo sobre la vacancia absoluta. Y no se puede analizar el contexto actual de la elección del titular del Ministerio Público desconociendo una ilegalidad de origen que arrastra a la institución.
La ilegalidad
En los dos últimos procesos en los que ha participado el ex fiscal Óscar Chinchilla, quien ejerció dos veces a la titularidad del Ministerio Público asegura que lo hizo transgrediendo la legalidad constitucional.
"La primera vez sucedió el 25 de junio de 2013 cuando el entonces fiscal general, Luis Rubí, renunció a su puesto y, de forma inesperada, el Congreso Nacional eligió a Chinchilla, no para terminar el mandato de Rubí, que finalizaba en marzo de 2014, sino para un mandato de 5 años, lo cual fue a todas luces inconstitucional", plantea.
Pero, además, en el proceso de selección, la Junta Proponente de ese momento examinó 37 candidaturas. "Con los resultados obtenidos, 13 personas se seleccionaron como las más calificadas, dentro de las cuales no se encontraba Óscar Chinchilla", aseveró.
La segunda vez en que se repitió la historia es cuando Óscar Chinchilla se reeligió ilegalmente en junio de 2018, vulnerando abiertamente el artículo 233 de la Constitución de la República que establece que el fiscal general será electo por el Congreso Nacional de una nómina de cinco personas candidatas y Chinchilla dice "ni siquiera estaba incluido en dicha nómina como lo exige la carta fundamental".
Estas dos elecciones irregulares dice Mejía que generaron una situación de inconstitucionalidad permanente que se ha mantenido durante los dos períodos consecutivos que Chinchilla ha estado al frente del Ministerio Público.
La salida
Según Joaquín Mejía son dos normas que ofrecen una salida jurídica para garantizar la estabilidad y continuidad institucional del Ministerio Público y el carácter normativo de la Constitución de la República.
La primera está en el artículo 80 de Ley Orgánica del Poder Legislativo que plantea que mientras el Congreso Nacional no elija a las personas sustitutas de Chinchilla y Sibrián, éstos “permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”, dice Joaquín Mejía.
La segunda norma es el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, que establece que ante la ausencia del fiscal general y su adjunto, el actual director general de la Fiscalía asumirá la dirección del Ministerio Público.
"Ambas normas son de igual rango y ofrecen salidas jurídicas válidas para garantizar la estabilidad institucional, pero son contradictorias porque una apuesta por la continuidad de las personas titulares que vacan en sus funciones y la otra, por la toma de posesión de la persona titular de la dirección general de la Fiscalía", apuntó.
El 1 de septiembre de 2023, debieron entrar en funciones las nuevas autoridades del Ministerio Público, pero la falta de consensos paralizó la actividad legislativa y llevó a una crisis al país.
Ahora, la Junta Directiva nombró una comisión permanente que eligió de forma interina como fiscal general a Johel Zelaya y como fiscal adjunto a Mario Morazán.
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