El fiscal general de la República, Johel Zelaya, llegó este martes al Congreso Nacional para comparecer ante una audiencia pública de la comisión especial, luego de haber sido suspendido de su cargo el 23 de marzo.
La suspensión se dio tras la admisión de una denuncia que lo señala por presuntas actuaciones graves en el ejercicio de sus funciones.
Durante su intervención, Zelaya aseguró que la justicia electoral y el Ministerio Público nunca actuaron como instrumentos políticos.
“Ahí están los expedientes. Les pido públicamente que vayan al Ministerio Público y revisen expediente por expediente todo lo que se está diciendo. Van a ver que nunca cerramos denuncias contra nadie ni perseguimos a fulano o a sultano por motivos políticos. Yo los invito ante el pueblo hondureño”, afirmó.
Defensa sobre la intromisión de las Fuerzas Armadas
Zelaya respondió a las críticas sobre la supuesta intromisión de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, aclarando que su participación se limitó al transporte de material electoral, y que cualquier solicitud realizada por un general corresponde al derecho de petición, no a un acto delictivo.
“Delito hubiese sido entrar por la fuerza a contar actas. Pero una petición formal, como la que hizo un general, no constituye delito. Es lo mismo que yo le pidiera a un diputado que me regale un departamento, no hay ilegalidad”, explicó.
Sobre los audios y noticias de crímenes
El fiscal también se refirió a la divulgación de audios relacionados con posibles delitos. Defendió que su obligación era informar a las personas involucradas ante amenazas o riesgos, no esperar la confirmación internacional de pericias para proteger a los afectados.
“Cuando recibo una noticia de crímenes, como que podrían matar a un diputado, no puedo esperar a enviar los audios a Estados Unidos, Perú, Colombia o Europa. Mi deber es advertir a las personas y prevenir riesgos.
Las pericias están listas para enviarlas cuando se requiera”, señaló Zelaya, en alusión a los requerimientos presentados por algunos legisladores.
Mensaje a los diputados y al pueblo hondureño
Zelaya reconoció sentirse “condenado mediáticamente”, pero insistió en que su comparecencia busca explicar los hechos al pueblo hondureño, separando los aspectos políticos de los técnicos y defendiendo la legalidad de sus actuaciones.
“Yo creo que es importante que el pueblo conozca la verdad y que se despoje un poco del sentimiento político para valorar nuestra labor”, dijo el fiscal.
Rivera Callejas cuestiona a Zelaya y defiende el juicio político
Durante la audiencia pública en el Congreso Nacional, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas inició la ronda de interrogatorios al fiscal general suspendido, Johel Zelaya, cuestionando su actuación al frente del Ministerio Público.
Rivera Callejas sostuvo que no aplaudiría las decisiones de Zelaya y enfatizó que este juicio político no se trata de un error, sino de la defensa de la legalidad.
LEA: Johel Zelaya: 'No es fácil tumbar a un fiscal, veremos si tienen pruebas reales'
Debate sobre la legalidad del nombramiento interino
El congresista destacó que quien violenta la Constitución no puede pretender defenderla y recalcó que el Congreso no está para legitimar irregularidades, sino para corregirlas.
En este contexto, cuestionó a Zelaya sobre su aceptación del cargo interino de Fiscal General, resaltando que su designación se realizó a través de la Comisión Permanente, integrada por nueve diputados.
Durante la intervención, se produjo un breve intercambio de palabras entre ambos. Zelaya calificó de “hipócrita” a Rivera Callejas, mientras que el diputado respondió que el nombramiento de Zelaya fue ilegal y contrario a la Constitución.
Zelaya, por su parte, admitió que su juramentación se realizó por la Comisión Permanente y aseguró que había que cuestionar si esas personas tenían facultad para tomar esa decisión, insistiendo en que se trata de un tema político.
Autorización del secuestro de documentos en el CNE
Consultado por la diputada María José Sosa sobre la intervención de las instalaciones del CNE en julio de 2025, Zelaya reconoció que autorizó el secuestro de documentos. “Lo hice sospechando que no hacerlo podría poner en precario las elecciones, nunca pararlas. No se presentó requerimiento fiscal al respecto”, afirmó.
El fiscal suspendido también mencionó presiones para intervenir las bodegas del Infop, aunque negó haber afectado el desarrollo del proceso electoral. “Tuve presiones para que pudiera llegar al Infop con la ATIC y la DNLC; de hecho, por eso cambié mi número”, indicó, sin precisar la procedencia de dichas presiones.
Posteriormente, el diputado liberal Alex Berrios cuestionó a Zelaya sobre la investigación de los audios que involucraban a una consejera del CNE.
El funcionario confirmó que era su obligación iniciar la investigación y que los expedientes permanecen en el Ministerio Público, aclarando que el proceso continúa abierto al no existir un resultado definitivo.
Zelaya explicó que recibió los audios del consejero Marlon Ochoa y que, en ese momento, no era obligatorio contar con cadena de custodia, al tratarse de una notitia criminis.
Además, detalló que un perito del Ministerio Público revisó los audios, aunque no fue juramentado formalmente, y que posteriormente solicitó asistencia internacional a países aliados para autenticar las pruebas.
El diputado Mario Pérez volvió sobre el tema de los audios, cuestionando cómo Zelaya había recibido la evidencia. El fiscal respondió que la Dirección General de Fiscales fue quien los recibió y que allí consta cómo Ochoa obtuvo los archivos, evitando dar más detalles.
Por su parte, el diputado Eder Mejía preguntó sobre la intervención de las instalaciones del CNE y la retención de documentos que, según la oposición, habría afectado el cronograma electoral.
Zelaya reiteró que ordenó secuestrar documentos de interés, pero negó haber intervenido el CNE por sospechas que pudieran poner en riesgo el proceso electoral. También se quejó por su suspensión abrupta, que le impidió llevar documentos a la audiencia de este martes.
LE PUEDE INTERESAR: ¿Quién debe sustituir a Johel Zelaya en la fiscalía general si lo destituyen?
Debate entre Cálix y Zelaya
El interrogatorio entre el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, y el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, subió de tono.
Durante la comparecencia, Zelaya le dijo a Jorge Cálix “Usted ha dicho cinco veces que a mí me juramentó el señor Carlos Zelaya. Usted ha irrespetado al pueblo hondureño; no sacó ni un voto y fue juramentado, eso es inconstitucionalidad”.
Por su parte, Cálix insistió en cuestionar por qué el Ministerio Público aplicó criterios distintos en dos casos que involucraban audios y videos como medios de prueba.
El congresista preguntó por qué en uno de los expedientes el fiscal estableció una cadena de mando y en el otro no, sugiriendo que un caso afectaba a miembros de Libre y el otro no. Zelaya respondió que ambas investigaciones eran “totalmente diferentes” y que no se podían comparar.
Según explicó, el video relacionado con Isis Cuéllar era un material público, mientras que los audios del caso de adultos mayores provenían de intervenciones privadas, lo que permitió establecer vínculos más claros a través del rastreo telefónico y la confirmación de números a través de empresas privadas.
Cálix cuestiona criterios y el fiscal responde
Otro punto de tensión fue cuando Cálix preguntó por qué un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no es suficiente para presentar un requerimiento fiscal, pero sí los audios que terminaron siendo determinantes para enviar a prisión a tres adultos mayores.
Zelaya respondió de forma tajante:“Dedíquese mejor a modificar el reglamento del Ministerio Público. Este ente tiene autonomía y cada caso requiere una pericia distinta”.
Añadió que en el expediente de Isis Cuéllar se analizaron seis cajas de transacciones financieras, mientras que en el otro caso el origen de los audios permitió reconstruir perfiles y vínculos de los implicados.
Caso “Mel” Zelaya
Johel Zelaya, también se pronunció sobre la captura de tres ciudadanos acusados de planear un supuesto atentado terrorista a través de mensajes, asegurando que la amenaza no requería un gran operativo para ser cometida.
“Imagínese si esto hubiera sido real. Para matar a alguien no se necesita un traje especial, solo un arma de fuego. Si en ese momento se hubiera consumado la muerte de un expresidente, las elecciones se habrían detenido”, declaró Zelaya.
El funcionario explicó que los chats de los detenidos mencionaban su asistencia a una marcha del Partido Libre, donde presuntamente planeaban atacar a “tres ñangaras” y luego escapar sin ser detectados.
Zelaya solicitó que se revisen los expedientes en los que aparece señalado y enfatizó que nunca ordenó la captura de un rival político.
Asimismo, aseguró que cuando se nombre un nuevo Fiscal General, quedará claro su papel dentro del Ministerio Público, reiterando que en su gestión no incurrió en ninguna ilegalidad.
Detenciones de militares y cadena de mando
El diputado Antonio Rivera Callejas interrogó a Zelaya sobre la captura de los tres generales en condición de retiro.
El fiscal explicó que este tipo de procedimientos se aplica cuando no se encuentra el arma involucrada y se hace responsable a las autoridades jerárquicas de la institución militar correspondiente.
Video de Carlos Zelaya
Johel Zelaya explicó que la grabación data de 2013, un año en el que el Código Penal de Honduras no contemplaba el delito de conspiración, por lo que la conducta mostrada no podía considerarse un ilícito formal en ese momento.
“Las investigaciones están abiertas. Son casos complejos y distintos, porque en otro video existe un testigo protegido”, señaló, asegurando que no hay evidencia en video que demuestre que Carlos Zelaya haya recibido dinero.
Durante un extenso interrogatorio a cargo del diputado Jorge Cálix, Zelaya confirmó que no citó al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006–2009) para declarar sobre las menciones que aparecen en juicios en Estados Unidos.
Caso elecciones primarias: logística y requerimientos fiscales
Zelaya también se refirió a los hechos ocurridos durante las elecciones primarias, señalando que algunos requerimientos fiscales fueron emitidos porque ciertas empresas subcontrataron servicios sin estar autorizadas por la ley y sin revisar la logística de la empresa encargada del traslado de materiales.
Respecto a la tardanza del traslado de urnas y otros materiales a los centros de votación, Zelaya indicó que la auditoría forense determinó que la responsabilidad recaía en las Fuerzas Armadas, pero que no hubo militares investigados directamente.
Según el fiscal, los transportistas afirmaron haber recibido órdenes de los militares, y el centro logístico electoral quedó solo el día de las primarias, lo que provocó que las maletas se subieran de manera desordenada.
Situación de la Uferco y depuración interna
El diputado Mario Pérez preguntó sobre el funcionamiento actual de la Uferco. Zelaya indicó que en los últimos dos años y medio se habían presentado solo tres requerimientos fiscales.
Además, adelantó que se implementará una depuración interna, eliminando líneas de investigación innecesarias para optimizar los recursos y el trabajo de la unidad especializada.
Zelaya explicó que las investigaciones sobre los retrasos y el manejo logístico de las elecciones primarias aún están abiertas, ya que el Ministerio Público realiza sus propios análisis antes de determinar responsabilidades.
El fiscal destacó que estos procesos requieren tiempo para garantizar que se identifiquen con precisión los involucrados y las posibles irregularidades.
Johel Zelaya: “No hay objetividad en esta comisión"
Tras concluir la audiencia, Johel Zelaya, ofreció un mensaje final en donde aseguró que, tras retirarse del Congreso, evaluará si se presentará o no ante el pleno del Legislativo, al considerar que su destino dentro del proceso ya está decidido.
“Yo me voy de aquí y analizaré si me presentaré frente al pleno. Yo sé que la resolución para irme ya está hecha y esto va a tener consecuencias políticas. No duden en llevarme a la cárcel y condenarme a la pena máxima”, expresó ante medios de comunicación.
El fiscal suspendido también cuestionó directamente la imparcialidad de la comisión encargada de examinar su gestión.“No hay objetividad en esta comisión. Yo no estoy aquí por los audios, por los videos; estoy aquí porque les estorbo, y eso a mí me enorgullece”, afirmó.
Testigos declaran tras la comparecencia de Johel Zelaya
Tras la extensa presentación pública del fiscal general suspendido, Johel Zelaya, la comisión especial del Congreso Nacional continuó la audiencia con la declaración de los testigos citados en el juicio político.
El primero en comparecer fue Raúl Amílcar Rivera Montoya, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien aseguró ser uno de los principales afectados por las actuaciones del Ministerio Público durante la investigación relacionada con el transporte del material electoral de las primarias de 2025.
Rivera comenzó su intervención afirmando que su nombre y el de sus compañeros fueron expuestos públicamente por Zelaya el 31 de marzo de 2025, lo que según dijo violó su principio de inocencia.
Recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de la República establecen que ninguna autoridad puede hacer señalamientos públicos sin un juicio previo.
El testigo relató que aquel señalamiento público le costó su empleo y afectó profundamente a su familia.
Aseguró que su hijo quedó emocionalmente impactado al enterarse de su situación. “He escuchado al fiscal dar declaraciones que no son ciertas. Lo vuelvo a decir aquí: nuestras garantías fueron vulneradas”, manifestó.
Rivera señala errores en la interpretación del proceso de contratación
Durante su exposición, Rivera abogado y especialista en contratación pública explicó que la comisión en la que trabajaba dentro del CNE tenía funciones estrictamente técnicas: elaborar los pliegos y emitir recomendaciones sobre la adjudicación, pero sin responsabilidad alguna sobre la logística o el transporte del material electoral.
Aclaró que Zelaya confundió los roles de la comisión de evaluación y la comisión de recepción, esta última encargada de verificar aspectos como GPS, condiciones mecánicas y controles del transporte.
“Nosotros no podíamos revisar vehículos ni operar fuera de lo que la ley nos permite. El fiscal mezcla conceptos que son completamente distintos”, sostuvo.
Añadió que el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado establece claramente las competencias de cada comisión, y que el Ministerio Público ignoró este marco legal al momento de emitir requerimientos fiscales.
Por su parte, Dennis Emilio Hércules Rosa, otro de los testigos en el proceso de juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya relató cómo, según él, fue víctima de persecución política y de un proceso sin garantías legales tras el colapso logístico del 9 de marzo de 2025.
Hércules, especialista en derecho constitucional y con estudios de posgrado en el Reino Unido, explicó que ingresó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a finales de 2024 con el objetivo de “servir al país”, pero que su experiencia se vio truncada apenas cuatro meses después, cuando el Ministerio Público lo señaló como uno de los responsables de los fallos en el transporte de maletas electorales.
“Mi contrato terminaba el 31 de marzo de 2025, y ese mismo día el señor Johel Zelaya presentó un requerimiento fiscal en mi contra. Se nos acusó de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con la función pública. En palabras sencillas: de corruptos”, afirmó.
El abogado sostuvo que la acusación se construyó sin fundamentos sólidos y con fines políticos. Señaló que hubo una “justicia selectiva” dirigida a responsabilizar únicamente a exfuncionarios del CNE, mientras que según dijo ninguna autoridad de las Fuerzas Armadas, encargadas constitucionalmente de custodiar el material electoral, fue investigada.
“Es el único requerimiento fiscal presentado por lo ocurrido el 9 de marzo. ¿Y por qué no hay un solo militar procesado? Es una pregunta que el pueblo hondureño también se hace”, expresó.
Hércules afirmó que varios de sus compañeros han sufrido consecuencias económicas, laborales y emocionales por lo que calificó como una “persecución sin justa causa”, y reveló que su familia fue fuertemente impactada por la exposición pública del caso.
El abogado Fabricio Perdomo, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, también compareció ante la comisión especial del Congreso Nacional y presentó una amplia serie de denuncias sobre lo que calificó como abusos, descensos ilegales y persecución laboral ocurridos durante la administración del fiscal general suspendido, Johel Zelaya.
Perdomo, quien ha laborado cinco años en el Ministerio Público, afirmó que llegó a la comisión para presentar “medios de prueba que acreditan violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y a la Constitución de la República”, específicamente en los artículos que protegen la estabilidad laboral y los derechos de los servidores públicos.
Según su testimonio, sufrió descensos, afectaciones salariales y medidas administrativas que asegura no tenían fundamento legal. Relató que el 6 de enero de 2025 interpuso un reclamo administrativo por acciones que atribuye directamente a Zelaya, y que los documentos fueron debidamente recibidos por la institución.
“Se me aplicaron descensos ilegales y se me redujo el salario sin causa alguna, con el objetivo de asfixiarme y forzarme a abandonar el puesto”, afirmó, mostrando constancias, notificaciones internas y vauchers que según dijo prueban la disminución retroactiva de su remuneración.
Aseguró que estas medidas fueron firmadas en un solo día por el propio fiscal general, actuando como presidente del Tribunal Disciplinario y jefe de la sección de beneficios sociales.
Perdomo sostuvo que su caso no es aislado. “Hay muchos servidores del Ministerio Público que han sido afectados, pero no pueden venir por miedo. Yo soy la voz de ellos”, expresó.
Entre los ejemplos que presentó, mencionó los casos del exjefe de la ATIC Juan Carlos Nieto, la fiscal Sarí Castillo y la fiscal Claudia Paz Hernández.
Sobre esta última, afirmó haber sido testigo en la audiencia de descargo en la que según él se intentó removerla por negarse a presentar un requerimiento fiscal “suavizado” en un caso de alto impacto que involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, investigado por asesinato y corrupción.
“Ella presentó pruebas ante la Corte Suprema de Justicia. Fue acompañada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y por el CONADEH. Y aun así se buscó su despido”, declaró.
Durante el interrogatorio de los diputados, Perdomo aseguró que las acciones atribuidas a Zelaya constituyen negligencia, incompetencia y violaciones laborales graves. Señaló que los traslados arbitrarios, las degradaciones y los castigos administrativos podrían generar condenas millonarias contra el Estado.
“Quien paga las demandas no es el fiscal general. Es el pueblo hondureño. Son recursos que deberían usarse en la lucha contra el crimen organizado, no en indemnizar por abusos”, cuestionó.
El auxiliar fiscal también afirmó que existe una concentración de poder incompatible con el funcionamiento institucional, indicando que el director de fiscales quedó relegado sin facultades y apartado de su rol natural. “Todo se manejaba desde arriba. Y quien se oponía era castigado”, expresó.
El cuarto testigo, el abogado Ricardo Adolfo Núñez Zavala, relató ante la comisión especial una serie de hechos que, según dijo, evidencian abusos de autoridad y represalias durante la gestión de Johel Zelaya como fiscal general.
Núñez inició su intervención aclarando que antes de entrar a la audiencia se encontró con Zelaya en el lobby y aseguró que el exfiscal general reaccionó de manera “agresiva” ante su presencia.
“Quiero dejar claro que no le tengo miedo”, expresó, al afirmar que mientras Zelaya fue fiscal general temió posibles represalias, pero que ahora, suspendido del cargo, ya no tiene ningún poder para perjudicarlo.
El abogado, con 24 años de trayectoria en el Ministerio Público, explicó que actualmente está asignado a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, pero recordó que antes se desempeñó como director del Programa de Protección a Testigos.
Desde esa posición, detalló, atendió solicitudes de protección para funcionarios y ciudadanos en riesgo, entre ellos los exfiscales Óscar Fernando Chinchía y Daniel Cibrián.
Según su testimonio, la molestia de Zelaya surgió cuando observó la presencia de Cibrián en el Ministerio Público, pese a que contaba con un esquema de protección vigente.
Núñez afirmó que fue llamado de inmediato al despacho del fiscal general, donde fue recriminado y posteriormente destituido de su cargo como director del programa de protección.
El testigo aseguró que esta decisión no solo afectó su carrera, sino que también tuvo consecuencias graves para Cibrián. Indicó que Zelaya ordenó suspender las medidas de seguridad del exfiscal sin solicitar un nuevo análisis de riesgo, pese a que la evaluación previa había determinado un “riesgo grave” para él y su familia.
“Quitarle la protección a una persona en riesgo lo expone a posibles represalias por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo”, advirtió Núñez, al señalar que Cibrián manejó casos sensibles que pudieron incomodar a sectores poderosos.
El quinto testigo: “Fui acusado sin pruebas, necesitaban un nombre que llamara la atención”
El quinto testigo en comparecer ante la comisión especial fue Antonio Kattan, quien guarda arresto domiciliario tras ser acusado de planear el supuesto “asesinato” del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Su testimonio se centró en describir lo que calificó como una “acusación sin sustento” impulsada según dijo por órdenes directas del fiscal general suspendido, Johel Zelaya.
Kattan inició su relato asegurando que desde el primer momento se preguntó por qué estaba detenido. “No tenía idea de qué hacía ahí. Mi familia sufrió un daño moral enorme”, dijo, al asegurar que nunca hubo evidencia real que lo vinculara con un plan criminal.
Afirmó que el Ministerio Público “no tenía nada”, pero que se buscaba un nombre que generara impacto mediático tras las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos sobre estructuras criminales en Honduras.
“Por mi apellido dijeron: ‘hay que meterlo’. Aunque no estaba en ningún grupo, me anunciaron como si fuera parte de los otros señalados”, expresó. Relató que fue capturado, enviado a la DPI y posteriormente trasladado a máxima seguridad, donde permaneció diez días sin ver la luz del sol.
“Un fiscal nos dijo que era orden del fiscal general que teníamos que ir presos”
Según Kattan, nunca tuvo comunicación directa con fiscales asignados al caso. Señaló que el único acercamiento ocurrió al final de una audiencia, cuando uno de los fiscales le habría confesado que sabían que no existían pruebas suficientes, pero que “era orden del fiscal general” mantenerlos detenidos para sostener la narrativa pública.
Relató que, pese a esa admisión, la resolución judicial mantuvo su privación de libertad y posteriormente su arresto domiciliario, sin que se profundizara en una investigación seria.
“Jamás imaginé ser acusado de querer matar a Mel Zelaya”
El testigo negó tener antecedentes penales graves y sostuvo que jamás se imaginó ser señalado por terrorismo o intento de asesinato. Contó que se enteró de los cargos por una llamada que logró realizar desde la DPI, cuando un familiar le informó lo que se estaba difundiendo.
Su vida, afirma, dio un giro drástico: ocho meses privado de libertad, afectaciones emocionales en sus hijos, y problemas de salud en su hija menor derivados de la ausencia de su padre.
Sexta testigo denuncia represalias y abandono institucional tras la muerte de su esposo, un fiscal con 24 años de servicio
La sexta testigo en comparecer ante la comisión especial fue la fiscal Jessica Ninoska Matute, quien relató entre lágrimas cómo según dijo su esposo, el fiscal Santiago René Moncada Tauseda, fue víctima de represalias, abandono institucional y un trato “cruel e injustificado” tras cuestionar la legalidad de la elección del fiscal general suspendido, Johel Zelaya.
Matute, quien tiene ocho años de laborar en el Ministerio Público, explicó que todo comenzó en enero de 2023, cuando Zelaya convocó a una reunión general con los fiscales.
Ella se encontraba en días compensatorios, pero su esposo asistió. Durante la intervención del fiscal general, Moncada levantó la mano y le preguntó por qué aceptó el cargo siendo electo únicamente con nueve votos, cuando la Constitución exige mayoría calificada.
“Esa pregunta no le gustó”, afirmó la fiscal. Tres días después el siguiente día hábil su esposo fue trasladado a la Mosquitia, una de las zonas más aisladas y de más difícil acceso en el país. Según Matute, el traslado fue una represalia directa.
Traslado, sanciones y el inicio de un deterioro irreversible
La fiscal relató que Moncada interpuso recursos de reposición contra el traslado, alegando que era un fiscal de carrera con 24 años de servicio, especializado en unidades de extorsión y crimen organizado. Todos fueron declarados sin lugar. Además, aseguró que Zelaya lo sancionó con ocho días sin goce de sueldo “por haber hecho una pregunta”.
Mientras intentaba defenderse administrativamente, Moncada comenzó a experimentar episodios de desvanecimiento. El 21 de enero sufrió una caída que le fracturó el rostro y fue hospitalizado.
Aun así según Matute desde Puerto Lempira insistían en que debía presentarse a trabajar, pese a su incapacidad médica.
A medida que avanzaba el deterioro, la familia solicitó formalmente un nuevo traslado para atender su condición de salud. La petición nunca fue resuelta.
“Mi esposo se perdió. No sabía dónde estaba. Suplicamos ayuda”
Matute explicó que su esposo comenzó a presentar signos claros de deterioro cognitivo, posteriormente diagnosticado por especialistas. Relató que la situación llegó a tal punto que el jefe fiscal de Puerto Lempira la llamó alarmado porque Moncada “se perdía camino al trabajo”.
La fiscal lloró al describir que su hija, de 27 años, tuvo que mudarse temporalmente a la Mosquitia para acompañarlo, ya que no podía valerse por sí mismo. “No es fácil estar allá, pero ella lo hizo para que él no estuviera solo”, dijo.
La tragedia final: “Mi esposo no recibió el trato ni la atención que necesitaba”
Matute relató que el 11 de febrero pasado, Moncada salió solo hacia una cita odontológica. “Nosotros nunca lo dejábamos ir solo, pero ese día se escapó”, comentó. Ese mismo día, fue atropellado por un vehículo y murió.
Entre sollozos, afirmó que la muerte de su esposo tuvo relación directa con el deterioro no atendido y con las decisiones administrativas tomadas desde la Fiscalía General.
“Mi esposo no recibió la atención médica que necesitaba por culpa del fiscal general”, dijo. “Yo solo pido justicia. La Mosquitia no es fácil, pero él nunca se quejó. Solo quería seguir trabajando”.
“Fue un abuso de autoridad”
Los miembros de la comisión expresaron su consternación ante el relato y calificaron lo sucedido como “una injusticia” y “un abuso de autoridad” que, según Matute, marcó los últimos meses de vida de un fiscal querido y respetado por sus compañeros.
“Más lejos que la Mosquitia no lo podían mandar”, le dijo uno de los diputados.
Matute cerró su declaración afirmando que su esposo siempre fue un hombre honorable, disciplinado y dedicado a su trabajo. “Me duele profundamente lo que vivió. Él me enseñó todo lo que sé”, expresó.
La última en comparecer fue la fiscal Claudia Paz, quien brindó un testimonio contundente ante la comisión especial encargada del juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya.
Durante su declaración, Paz aseguró que enfrentó presiones directas, amenazas y posteriormente la remoción de su cargo por negarse a firmar un requerimiento fiscal alterado en el caso contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez.
Según relató, ella presentó un requerimiento fiscal basado en su investigación, pero recibió instrucciones para modificarlo. Al no aceptar, afirmó que el fiscal general le ofreció una “solución” que nunca llegó y, por el contrario, fue citada a una audiencia de descargo por desobedecer órdenes superiores.
Paz sostuvo que su traslado y las acciones disciplinarias en su contra fueron una represalia directa por haberse negado a firmar un documento que según afirmó no correspondía con los hechos investigados.
