José Adalid Amaya Argueta, extraditado a Estados Unidos el 26 de abril de 2019 por cargos de narcotráfico, pide una reducción de su sentencia y su liberación inmediata a las autoridades.
Amaya recibió su condena en diciembre de 2019 por conspirar para distribuir más de 5,000 kilogramos de cocaína, en violación de los artículos 841 y 846 del Código de los Estados Unidos (USC).
A pesar de cumplir la mayor parte de su condena, en una carta enviada al juez Leonie M. Brinkema de la Corte del Distrito Este de Virginia, asegura que enfrenta desafíos adicionales debido a su estatus de deportación.
El tribunal de distrito lo sentenció a 87 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada.
Ahora, tras cumplir más del 80% de su sentencia, Amaya agota todos sus recursos administrativos y solicita la reducción en su condena para ser liberado a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a fin de iniciar el proceso de deportación.
Confinamiento durante la pandemia y negación de beneficios
José Adalid Amaya relata que no solo cumplió la mayor parte de su condena, sino que también enfrentó condiciones extremas de confinamiento durante la pandemia de Covid-19.
En su solicitud, explica que la Administración Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) impuso medidas estrictas para controlar la propagación del virus, lo que agravó su situación carcelaria.
Además, a pesar de sus esfuerzos significativos por rehabilitarse y acumular días de crédito por buen comportamiento, no accedió a programas de transición o colocación de nivel inferior debido a la orden final de deportación en su contra.
Un cambio de vida y esperanza de reintegración
Amaya, ahora de 55 años, relata que experimenta un cambio significativo durante su tiempo en prisión.
Refiere que tiene un empleo en UNICOR, una organización que brinda trabajos a reclusos, y a dónde Amaya lo reconocen como un preso ejemplar.
Según estudios de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, las probabilidades de reincidencia disminuyen considerablemente en personas de su edad.
En su petición, Amaya hace referencia a la Ley del Primer Paso, aprobada en 2018, que ofrece oportunidades de reducción de sentencia a presos que demuestren esfuerzos de rehabilitación.
Sin embargo, por la orden de deportación, se le excluye de los créditos de tiempo, lo cual él y su defensa consideran injusto.
El camino hacia la libertad: ¿una cuestión de tiempo?
Después de haber pasado más de 5.5 años tras las rejas, Amaya espera que el tribunal considere las circunstancias excepcionales de su caso y le conceda la libertad anticipada.
Su equipo legal argumenta que la "necesidad de la pena impuesta" se debilita con el paso del tiempo, y que mantenerlo encarcelado más allá de este punto no cumple con los objetivos de la justicia".
La decisión final queda en manos del tribunal, pero Amaya, asegura que durante este tiempo se transformó, que cambió y que ahora ve, una luz al final del túnel.
